WERTHEIMER, GUSTAVO GUILLERMO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Quién demanda (Actor): Gustavo Guillermo Wertheimer, ex empleado de la Empresa Provincial de la Energía (E.P.E.) de Santa Fe. A quién se demanda (Demandado): Provincia de Santa Fe, en su carácter de empleadora, a través de la Empresa Provincial de la Energía. Qué se reclama (Objeto de la demanda): Nulidad y declaración de invalidez de la resolución 383/11 del Directorio de la E.P.E., que dispuso su cesantía, solicitando su reintegro, pago de haberes, aportes jubilatorios, costas y declaración de nulidad del procedimiento sumarial.

¿Qué se resolvió?

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo rechazó el recurso de Wertheimer, confirmando la validez y legalidad del acto administrativo que dispuso su cesantía, tras analizar los vicios alegados en el procedimiento y en el fondo, concluyendo que no existieron irregularidades ni ilegalidades en la decisión. Fundamentos principales de la decisión: El tribunal evaluó los argumentos del actor sobre la incompetencia del órgano sancionador, su demora en el proceso, irregularidades en el procedimiento, vulneración del derecho de defensa, y supuestos vicios en la motivación y causa del acto. Sin embargo, consideró que: "el control judicial implica fiscalizar una ponderación y una elección ya realizada, por lo que debe respetar el poder exclusivo de valoración otorgado a la Administración, y sólo controlar cuando se sobrepasen los límites del mismo" (pág. 222). Asimismo, se sostuvo que: "la sanción se fundamentó en hechos probados y en un procedimiento reglamentario que cumplió con los requisitos legales y constitucionales" (pág. 227). La jurisprudencia citada y la valoración de las pruebas demostraron que las irregularidades alegadas no alteraron la validez del acto sancionatorio. Además, se rechazaron los agravios respecto a la desigualdad de trato y exceso de punición, ya que "la gravedad de las faltas y las circunstancias del caso justifican la sanción impuesta" (pág. 233). El tribunal también desestimó los planteos de desviación de poder, inconstitucionalidad del reglamento disciplinario, y vulneración del derecho de defensa, concluyendo que "las decisiones adoptadas por la Administración fueron fundadas, razonables y ajustadas a derecho".