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ALBIL, JAVIER JOSE c/ SPEEDAGRO S.R.L. -SENTENCIA COBRO DE PESOS-RUBROS LABORALES- s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

La Corte de Santa Fe rechazó la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia que confirmó el despido sin justa causa de un empleado acusado de participar en una riña en la planta. La resolución argumentó que la impugnación no demostró arbitrariedad o incumplimiento constitucional.

Arbitrariedad Recurso de queja Inconstitucionalidad Valoracion de prueba Derecho laboral Proceso judicial Sentencia confirmada Despido sin causa Santa fe Derechos constitucionales.


- Quién demanda: La parte demandada (Speedagro S.R.L.), en carácter de quejosa.

¿A quién se demanda?

La sentencia 128 del 07 de mayo de 2020, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Santa Fe.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

La inconstitucionalidad de la decisión que confirmó el despido del actor, alegando arbitrariedad, violación del derecho a la jurisdicción, debido proceso y principios de legalidad y congruencia.

¿Qué se resolvió?

La Corte rechazó la queja, confirmando que la impugnación no aportó elementos que demostraran una decisión arbitraria o violatoria de derechos constitucionales, y que la valoración de la prueba testimonial fue razonable y fundada en el expediente.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"De la lectura de la pieza recursiva se evidencia la mera discrepancia -sin entidad constitucional
- con lo resuelto por el A quo, en torno a cuestiones de hecho y de valoración de la prueba rendida en la causa, lo que siendo así expresado por la Sala al denegar el remedio extraordinario local, tampoco fue debidamente rebatido en el escrito de queja." "El Tribunal señaló que de la prueba obrante en autos no se verifica que la causal invocada por la accionada sea suficiente para generar una injuria que impida la prosecución del vínculo, en los términos de los artículos 67, 68 y 242 de la Ley de Contratos de Trabajo." Asimismo, la Corte concluyó que la fundamentación de la sentencia y la valoración de las pruebas fueron razonables, y que la quejosa no logró demostrar la existencia de una arbitrariedad que hiciera vulnerar el derecho constitucional a la jurisdicción y al debido proceso.

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