SPELTA, ADRIAN ALEJANDRO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ AMPARO

Quién demanda (Actor): Fiscal Adrián Alejandro Spelta A quién se demanda (Demandado): Provincia de Santa Fe Qué se reclama (Objeto de la demanda): Que se deje sin efecto la aplicación de la ley provincial 13.807 en el sumario administrativo seguido en su contra, y que se declare su inconstitucionalidad por vulnerar derechos constitucionales, la independencia del Ministerio Público y la división de poderes.

¿Qué se resolvió?

La Cámara revoca la sentencia de primera instancia y declara la inconstitucionalidad de la ley 13.807 en cuanto afecta el sumario administrativo del actor. Además, desestima el recurso de nulidad y confirma que la vía adecuada para estos planteos es el juicio de control de constitucionalidad. Fundamentos principales de la decisión:
- La ley 13.807 vulnera el principio de juez natural y el debido proceso, ya que permite que la Comisión de Acuerdos Legislativos investigue y juzgue en causas por presuntas faltas graves de fiscales, concentrando funciones que deben estar separadas en un sistema democrático.
- La normativa viola la autonomía funcional del Ministerio Público, ya que la legislación permite que la Legislatura intervenga en su régimen disciplinario, en franca contradicción con la Constitución Nacional y Provincial, que garantizan la independencia de este órgano.
- La vía del amparo no es adecuada en estos casos, pues la controversia tiene naturaleza administrativa y requiere de un proceso de control de constitucionalidad, conforme lo estableció la jurisprudencia del Tribunal.
- La situación constituye una lesión actual y grave a derechos constitucionales del actor, incluyendo el derecho a un proceso justo, el juez natural y la independencia del Ministerio Público. La afectación es irreparable y de difícil reparación, justificando la declaración de inconstitucionalidad.
- La ley en cuestión, al concentrar en la Legislatura funciones de investigación, juzgamiento y sanción, rompe la división de poderes y vulnera la garantía del debido proceso, por lo que su plena vigencia resulta inconstitucional y debe ser declarada nula en el caso concreto.
- La sentencia de primera instancia fue incorrecta al aceptar la vía del amparo, siendo más adecuada la acción de control de constitucionalidad.