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MONZON, FABIAN HERBERTO Y OTROS c/ ABDALA, RUBEN EDGARDO Y OTROS s/ RECURSO DE QUEJA

La Cámara de Reconquista revoca la denegación de recursos y concede el recurso de queja contra la resolución que rechazó la apelación, actualizando el monto del proceso conforme a la inflación para garantizar el acceso efectivo a la justicia. La decisión se fundamenta en la realidad socioeconómica y en la protección de derechos constitucionales y convencionales.

Actualizacion monetaria Recurso de queja Acceso a la justicia Derecho constitucional Inflacion Monto de la demanda Corte interamericana de derechos humanos Justicia provincial Revision de recursos Articulo 43 ley 10.160

¿Qué se resolvió en el fallo?

El actor, Fabián Herberto Monzón, junto con otros, presenta recurso de queja contra la denegación de la apelación en un proceso iniciado en 2006, en el que se rechazó su demanda por la justicia de primera instancia. La Cámara analiza si el monto de la demanda cumple con los requisitos para acceder a la instancia superior y si la regulación del monto establecido en la Ley 10.160, art. 43, resulta adecuada en el contexto inflacionario actual. La Cámara destaca que la efectiva protección del derecho de acceso a la justicia no solo requiere cumplimiento formal, sino también que los recursos sean efectivos y permitan una real tutela de derechos. El tribunal señala que la actualización del monto del proceso debe considerar la inflación y la realidad socioeconómica del país, basándose en la jurisprudencia nacional e internacional, incluyendo la Corte Interamericana. Se determina que la demanda original, estimada en $3009 en julio de 2006, ha aumentado proporcionalmente en su valor actual, alcanzando aproximadamente $75.000, lo cual supera ampliamente el umbral mínimo para la admisibilidad del recurso de apelación, fijado en $30.000 en la resolución recurrida. Por ello, la Cámara revoca la denegación de recursos y ordena la elevación de los autos en legal forma, considerando que la actualización del monto garantiza la efectividad del derecho de acceso a la justicia y evita que la inflación vuelva ilusorio el ejercicio de los derechos. La decisión se apoya en principios constitucionales, convencionales e internacionales, y en la necesidad de adaptar el sistema jurídico a la realidad socioeconómica.

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