GRAF, GASTON JULIAN s/ DEFRAUDACION A LA ADMINISTRACION PUBLICA Y ASOCIACION ILICITA

¿Qué se resolvió en el fallo?

El actor en este expediente es Gastón Julián Graf, imputado por delitos relacionados con defraudación a la administración pública y asociación ilícita. La Fiscalía y la jueza de grado rechazaron inicialmente la suspensión del proceso a prueba, argumentando la complejidad de la causa, la falta de avances en la investigación, y la supuesta importancia del rol de Graf en la estructura delictiva. La Fiscalía sostuvo que la suspensión podría comprometer la integridad del proceso y que la falta de actividad fiscal en el expediente justificaba mantener la situación procesal, además de argumentar que la suspensión del proceso a prueba "sella la suerte procesal del imputado" y que la demora en la investigación no era un motivo suficiente para conceder la medida. La jueza de grado también fundamentó su rechazo en la supuesta complejidad del caso, en la falta de motivación suficiente del dictamen fiscal y en la ausencia de una investigación avanzada que justificara la continuidad del proceso sin la suspensión. La Cámara revocó estos argumentos y consideró que la resolución de primera instancia no contaba con fundamentación suficiente, vulnerando el derecho al debido proceso y la motivación fundada en las decisiones judiciales. La Cámara destacó que la actividad fiscal debe ser fundamentada y motivada, y que la demora excesiva en la investigación no puede justificar un rechazo automático a la suspensión del proceso a prueba. Además, subrayó que la ley permite la suspensión en estos casos bajo condiciones, y que la valoración de la situación debe realizarse con criterios de razonabilidad, con respeto a los plazos y derechos del imputado. La Cámara ordenó, en consecuencia, la concesión de la suspensión del proceso a prueba bajo condiciones específicas, incluyendo el pago de una suma en concepto de resarcimiento, residencia, abstención de actividades ilícitas, trabajos comunitarios y otras medidas de control por un período de dos años, en línea con el artículo 27 bis del Código Penal.