AGUIRRE, CARLOS MARIA Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Santa Fe confirmó la legalidad del embargo sobre los haberes previsionales de los actores, rechazó la inconstitucionalidad alegada por los recurrentes y ordenó trabar el embargo en la proporción legal correspondiente.
¿Qué se resolvió en el fallo?
Quién demanda (Actor): Carlos María Aguirre y otros, agentes pasivos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe.
A quién se demanda (Demandado): Provincia de Santa Fe, en su carácter de empleador y responsable del sistema previsional.
Qué se reclama (Objeto de la demanda): La inconstitucionalidad del embargo sobre sus haberes previsionales, por considerarlos inembargables conforme a la legislación nacional y provincial.
Qué se resolvió (Decisión del tribunal): La Cámara rechazó la oposición de los actores, sostuvo que las leyes provinciales y nacionales permiten embargos parciales en virtud del carácter alimentario de los honorarios y de las normas de regulación procesal, y ordenó el embargo en la proporción legal.
Fundamentos principales de la decisión:
- La ley provincial 6915, en su artículo 59, permite embargos en la medida autorizada por el derecho común, y el decreto-ley 6754/43, ratificado por ley 13.894, establece límites en los embargos sobre haberes y jubilaciones, no siendo inconstitucionales en supuestos como el del caso.
- La jurisprudencia nacional y provincial sostiene que la inembargabilidad absoluta de las prestaciones previsionales solo opera en virtud de leyes nacionales específicas, como la ley 24.241, y que la regulación procesal y la naturaleza alimentaria de los honorarios permiten embargos parciales.
- La inconstitucionalidad alegada por los actores carece de precisión y no justifica la declaración de nulidad de las leyes provinciales, ya que estas regulan aspectos procesales y de límites en los embargos.
- La resolución no contradice precedente del fallo "Citibank c. Pérez", dado que aquella no establece un criterio de aplicación obligatoria y la interpretación debe ajustarse a la normativa vigente y a la legislación local.
- La decisión tiene en cuenta que los actores ya ingresaron en la pasividad y que la vaguedad en el planteo de inconstitucionalidad refuerza la improcedencia del mismo.
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