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BURNE, HECTOR ALFREDO -RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CARPETA JUDICIAL BURNE, HECTOR ALFREDO s/ APELACION SENTENCIA CONDENATORIA- s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)

La Corte Suprema de Santa Fe anuló una resolución que declaró la nulidad de la acusación fiscal y todos los actos procesales consecuentes por interpretar incorrectamente la ley penal y la fundamentación insuficiente del tribunal de segunda instancia. La causa fue remitida a un nuevo análisis

Nulidad Fundamentacion insuficiente Garantia del debido proceso Recurso de inconstitucionalidad Reenvio de causa Ley penal Analisis de constitucionalidad Interpretacion ley penal Ley 7055 Santa fe.


- Quién demanda: Ministerio Público de la Acusación

¿A quién se demanda?

Tribunal del Colegio de Jueces Penales de Segunda Instancia de la Primera Circunscripción Judicial

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad de la resolución que anuló la acusación fiscal y los actos procesales, por interpretación errónea del artículo 167 quinque del Código Penal y deficiente fundamentación

¿Qué se resolvió?

La Corte declaró procedente el recurso y anuló la pronunciamiento cuestionado, remitiendo la causa a un tribunal inferior para que resuelva nuevamente la apelación

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La resolución de la Alzada, que anuló la acusación y todos los actos, se basó en una interpretación excesivamente disparada del artículo 167 quinque del Código Penal, sin soporte doctrinal o jurisprudencial que la sustente, lo que constituye una arbitrariedad. La sentencia de grado careció de una fundamentación suficiente respecto a la determinación de la pena, ya que no explicó por qué prescindía de la multa, lo cual fue considerado un vicio de fundamentación que afecta la validez del acto jurisdiccional. La nulidad declarada por la Alzada, que retrotrae el proceso a etapas anteriores, implica una reformatio in pejus y viola el principio de legalidad y garantías procesales del imputado. La interpretación del artículo 167 quinque que sostiene la Alzada no está respaldada por las fuentes doctrinales o jurisprudenciales y resulta excesiva y arbitraria, con lo que se transgrede la garantía del debido proceso. La resolución cuestionada no cumple con los requisitos de fundamentación mínimos exigidos por la ley, y su anulación es necesaria para garantizar el derecho a la jurisdicción y la correcta aplicación del derecho penal.
- La Corte concluyó que la resolución impugnada no constituye una derivación razonada del derecho vigente y que la misma debe ser anulada, remitiendo la causa para nuevo pronunciamiento.

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