ALFONSIN, TANIA ESTEFANIA c/ PINATTI, FERNANDO JAVIER Y OTROS -COBRO DE PESOS-RUBROS LABORALES- s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

¿Qué se resolvió en el fallo?

- La actora promovió una demanda laboral contra el demandado, reclamando rubros salariales e indemnizatorios por despido sin justa causa y falta de registración laboral.
- La Cámara de Reconquista revocó la sentencia de grado, considerando probada la relación laboral y condenando a los demandados en consecuencia.
- La demandada interpuso recurso de inconstitucionalidad, alegando arbitrariedad y omisiones en el análisis de la causa, específicamente respecto del despido verbal y la valoración del testimonio de Guido Rorher.
- La Cámara de Apelaciones denegó el recurso, y la demandada presentó queja ante la Corte Suprema, que admitió la queja y concedió el recurso, ordenando la remisión de autos y la devolución del depósito.
- La disidente, Ministra Gastaldi, sostuvo que el recurso de queja era inadmisible, por incumplimiento de requisitos formales, en especial, por no sustentar adecuadamente los agravios en el auto denegatorio, y que las cuestiones planteadas eran de naturaleza fáctica y probatoria, ajenas al recurso extraordinario. Fundamentos principales: La Corte analizó que el recurso de queja debe sustentarse en los fundamentos del auto denegatorio, y que en la presentación de la demandada no se efectuó un análisis suficiente de la base fáctica y probatoria, ni se describieron los hechos que motivaron la impugnación, limitándose a alegar una supuesta omisión respecto del despido verbal sin aportar elementos concretos o pruebas que respalden sus argumentos. Se remarcó que la temática abordada por la sentencia, en torno a la existencia y finalización del vínculo laboral, es de orden fáctico y prueba propia del juez de grado, por lo que no es susceptible de revisión mediante el recurso extraordinario de queja. La disidencia expresó que la presentación no cumplía con los requisitos de admisibilidad y que la cuestión no configuraba una afectación constitucional suficiente para habilitar la vía excepcional.