M., G. R. c/ G., C. s/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA

¿Qué se resolvió en el fallo?

La causa involucra a G. R. M., en representación de su hija menor, quien denunció amenazas y violencia por parte de C. G. y solicitó medidas de protección. El juez penal dispuso prohibiciones y se declaró incompetente, remitiendo los autos a la justicia civil. La Cámara analizó si la competencia corresponde a los juzgados civiles o a los tribunales de responsabilidad extracontractual. La Sala concluyó que, en materia de violencia familiar y de género, la competencia radica en los jueces de la materia, conforme a la Ley 26.485 y la normativa provincial, que regula la protección integral y la competencia en función del tipo y modalidad de violencia (conf. arts. 21 y 22 de la Ley 26.485). Se destacó que los pedidos de tutela preventiva no son ajenos a la competencia civil, y que los tribunales de responsabilidad extracontractual solo intervienen en casos de responsabilidad civil derivada de daños ya ocurridos, no en la prevención de daños o en la protección de derechos fundamentales. Se resaltó que la competencia en materia de violencia de género debe seguir las reglas específicas del plexo legal de protección y que la denuncia puede presentarse ante cualquier juez, pero la competencia dependerá del tipo de violencia y la relación jurídica subyacente. La Cámara sostuvo que la función preventiva y la protección de derechos constitucionales y convencionales justifican que los procesos de tutela preventiva en violencia de género sean tramitados por los jueces especializados en la materia, y no por tribunales de responsabilidad extracontractual. La disidencia del Dr. Vargas defendió la competencia del Juzgado de Distrito en lo Civil y Comercial, basándose en la competencia residual del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en precedentes de esa misma sala, pero la mayoría resolvió que la competencia corresponde a los jueces de la materia según la ley 26.485 y la normativa provincial aplicable, dejando sin efecto la remisión a los tribunales de responsabilidad extracontractual.