ASOCIACION DEL PERSONAL MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO LAS COLONIAS c/ MUNICIPALIDAD DE ESPERANZA Y OTROS -AMPAROS- s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
La Corte provincial rechazó la queja de una trabajadora que cuestionó la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Santa Fe, que confirmó la denegatoria de una medida cautelar solicitada en un amparo por despido vinculado a su actividad sindical y afiliación gremial. El tribunal consideró que no existió arbitrariedad ni lesión a garantías constitucionales.
Actor: La señora Carrel, trabajadora municipal y afiliada a un sindicato, en un proceso de amparo. Demandado: La Municipalidad de Esperanza y las demandadas en el amparo. Objeto: La reinstalación laboral y la protección del derecho sindical y de propiedad afectado por su despido. Decisión: La Corte de Santa Fe rechazó la queja, confirmando que los argumentos de la Cámara de Apelaciones no evidencian arbitrariedad ni vulneración constitucional, destacando que la participación en la Comisión Interna no constituye actividad de representación gremial susceptible de protección por la ley 23.551 y que la extinción del contrato fue por vencimiento del plazo, no despido.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"la participación de la actora en una Comisión Interna ('Observatorio de la Infancia'), 'no constituye en principio y claramente una actividad de representación gremial susceptible de ser protegida conforme el dispositivo de la ley 23.551'"; y "que el reconocimiento por parte de la accionante de que la sra. Carrel no contaba con la estabilidad del empleado público por tratarse de personal contratado, permite inferir que en el caso de autos 'no existe propiamente un despido sino la extinción de un contrato por vencimiento del plazo'". El tribunal afirmó que las alegaciones de arbitrariedad no lograron demostrar que la decisión judicial se aparte de la normativa constitucional ni que carezca de fundamentación, y que las cuestiones planteadas corresponden a derecho común, no a cuestiones constitucionales. Asimismo, se descartó la existencia de una lesión a garantías constitucionales por la imposición de costas.
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