RETAMOSO, MARCELA VIVIANA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
La Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 1 declaró la procedencia del recurso de apelación, anuló el acto de exoneración y dispuso que la actora tenía derecho a seguir prestando servicios en su cargo. El tribunal diferirá la resolución sobre salarios caídos y reintegro, por condiciones procesales y de fondo.
Quién demanda: Marcela Viviana Retamoso.
¿A quién se demanda?
La Provincia de Santa Fe.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Nulidad del decreto de exoneración 2359/2015 y restitución en su cargo, además del pago de salarios caídos y demás sumas pendientes.
¿Qué se resolvió?
La Cámara anuló la exoneración, considerando que el procedimiento adoleció de nulidades y que la sanción no estaba suficientemente probada ni ajustada a la normativa. La sentencia sostuvo que la Administración no valoró el estado de salud de la actora ni las circunstancias de su carrera, y que la sanción fue desproporcionada y arbitraria. Se destacó que la actora fue privada de su derecho a la defensa por la nulidad de la audiencia de declaración indagatoria. Se concluyó que hubo una desviación de poder y un incumplimiento del debido proceso, por lo que corresponde dejar sin efecto la exoneración y ordenar la continuidad del vínculo laboral. La resolución sobre salarios y condiciones remuneratorias se diferirá.
Fundamentos principales de la decisión:
- La nulidad de la audiencia de declaración indagatoria, debido a que no fue debidamente notificada, vulnerando el derecho de defensa y el debido proceso.
- La existencia de vicios en el elemento causa, en particular por considerar que la actora no compareció a la indagatoria, cuando en realidad no fue notificada correctamente.
- La insuficiencia y superficialidad de las pruebas que justificaron la sanción, que no acreditaron hechos graves ni dolosos que ameritaran la cesantía.
- La inaplicabilidad del marco normativo de las faltas graves y las causales de exoneración, dado el carácter desproporcionado y arbitrario de la sanción.
- La omisión de consideración del estado de salud de la actora y su historia clínica, que podrían haber justificado su conducta.
- La falta de razonabilidad y racionalidad en la decisión administrativa, configurando desviación de poder.
- La gravedad de la sanción de exoneración, siendo la más severa y que, en las condiciones del caso, resulta desproporcionada e injustificada.
- La protección constitucional del derecho de defensa y del debido proceso, vulnerados en el procedimiento administrativo.
- La necesidad de garantizar un proceso justo y la razonabilidad en la imposición de sanciones.
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