BUSTOS, ALEJANDRO; MENDOZA, LEONEL EMILIANO; ESCALANTE, MARCELO ADOLFO; BARONI, HUGO DANIEL; OCAMPO, WALTER MARCELO; BENITEZ, ALDO RICARDO; VARELA, FERNANDO HERNAN; TANNEUR, ALEXIS IVAN; BOLANIO, ALEJANDRO LUIS; CANCLINI, CLAUDIO SEBASTIAN; CANO, PAOLA LORENA; CARDOZO, LEANDRO JAVIER; MARECO, GERMAN JESUS; ABRAHAM, DANIELA CAROLINA; GARCIA, PABLO CESAR; D'ANGELO, ROSA ELENA; RAMIREZ, MARIA DE LOS ANGELES; RAMIREZ, ROXANA MARIA Y LEZCANO, JESICA s/ HOMICIDIO AGRAVADO POR ABUSO DE FUNCION O CARGO, ABUSO DE ARMAS, FALSIFICACION IDEOLOGICA DE AGRAVADA POR SU CARACTER DE MIEMBRO DE LA FUERZAS POLICIALES Y ENCUBRIMIENTO DOBLEMENTE AGRAVADO
La Cámara de Rosario confirmó las condenas a funcionarios policiales por homicidio, encubrimiento y falsedad en actas, reforzando la responsabilidad de los involucrados y la gravedad del ocultamiento de los hechos. La sentencia mantiene las penas de prisión perpetua, inhabilitaciones y medidas cautelares.
¿Qué se resolvió en el fallo?
La Cámara de Rosario confirma las condenas a diversos funcionarios policiales por delitos de homicidio doblemente agravado, encubrimiento, falsedad ideológica y omisión de denuncia en relación a hechos ocurridos el 23 de junio de 2017 en Rosario. Se fundamenta en la valoración de pruebas objetivas, testimonios, informes científicos y registros electrónicos, que demostraron la participación dolosa en la alteración de escena, fabricación de pruebas y ocultamiento de los homicidios de dos personas desarmadas. La sentencia evidencia el accionar coordinado de la policía para encubrir los crímenes y manipular las evidencias, incluyendo la falsificación del acta policial, la plantación de armas y vainas, y la omisión de denunciar los hechos, en un contexto de violencia institucional. La decisión también refuerza la peligrosidad procesal y la necesidad de medidas cautelares en función de la gravedad de los delitos y la posible impunidad. La responsabilidad de los condenados se sustenta en la prueba probatoria, la lógica, la experiencia, y el marco normativo internacional y nacional aplicable, que impiden la impunidad y garantizan la protección del Estado de Derecho. Las penas impuestas incluyen prisión perpetua para Bustos y Mendoza, y penas de tres años de suspensión, con reglas de conducta, para otros funcionarios implicados. La sentencia ratifica además la protección de las víctimas y las medidas de protección a testigos.
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