LOPEZ, JULIANA RITA MARIA c/ BOLSAFE VALORES S.A. Y OTROS -SENTENCIA COBRO DE PESOS-RUBROS LABORALES- s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)

Quién demanda: Juliana Rita María López, trabajador despedido en contexto de crisis societaria y condena penal del representante de la empresa.

¿A quién se demanda?

Bolsafe Valores S.A. y Mario José Rossini.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro de salarios, indemnizaciones por despido y responsabilidad solidaria del representante societario.

¿Qué se resolvió?

La Cámara de Apelación en lo Laboral de Santa Fe confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia, rechazando la responsabilidad del representante Rossini y condenando a la empresa por despido indirecto, decisión que fue impugnada por inconstitucionalidad. Fundamentos principales de la decisión: "El Tribunal de origen omitió considerar que la 'falta de pago de un salario' se dio en un contexto que el propio tribunal describe al fundamentar su decisión de condenar a Bolsafe Valores S.A. al pago de los rubros derivados del despido, es decir: que se trataba de 'un contrato de trabajo que en definitiva no iba a continuar por el cierre y posterior declaración de quiebra de la empresa' (sic, f. 129), existiendo incluso una investigación penal sobre el codemandado Rossini que -de público y notorio conocimiento
- culminó con una condena a quince años de prisión. Nótese que, precisamente, uno de los delitos que dio base a la condena de Rossini fue el de 'administración fraudulenta', extremo que denota una clara violación al estándar de conducta establecido por el artículo 59 de la Ley de Sociedades Comerciales, con un marcado daño a la trabajadora que se vio privada de su fuente de trabajo." "Desde tal construcción, el A quo omitió considerar que la 'falta de pago de un salario' se dio en un contexto que el propio tribunal describe al fundamentar su decisión de condenar a Bolsafe Valores S.A. al pago de los rubros derivados del despido, es decir: que se trataba de 'un contrato de trabajo que en definitiva no iba a continuar por el cierre y posterior declaración de quiebra de la empresa' (sic, f. 129), existiendo incluso una investigación penal sobre el codemandado Rossini que -de público y notorio conocimiento
- culminó con una condena a quince años de prisión. Nótese que, precisamente, uno de los delitos que dio base a la condena de Rossini fue el de 'administración fraudulenta', extremo que denota una clara violación al estándar de conducta establecido por el artículo 59 de la Ley de Sociedades Comerciales, con un marcado daño a la trabajadora que se vio privada de su fuente de trabajo." "Lo hasta aquí expuesto resulta suficiente para observar