BASUALDO, LILIANA ESTER Y OTROS c/ OCUPANTES Y OTROS s/ JUICIO DESALOJO

¿Qué se resolvió en el fallo?

La parte demandante, Liliana Ester Basualdo, promovió una demanda de desalojo contra ocupantes y otros, alegando ser propietaria del inmueble por dominio propio y solicitando la restitución. La sentencia de primera instancia desestimó las excepciones de falta de legitimación y admitió la pedido de desalojo, declarando que la actora probó su derecho de dominio y la inexistencia de prueba de posesión por parte de los demandados. La apelante cuestionó la valoración de la prueba y argumentó que la posesión invocada por ella se sustentaba en un modo originario de adquisición, como la posesión pública, continua y pacífica por más de 20 años, y en la documentación que acredita la regularización dominial. La Cámara, tras analizar la totalidad de las constancias, concluyó que la discusión era de naturaleza posesoria y no de desalojo, y que la actora no acreditó su dominio ni la posesión prolongada suficiente para justificar la acción. Se resaltó que la acción de desalojo requiere acreditar la calidad de poseedor o propietario con prueba suficiente, lo cual no ocurrió. La Cámara revocó la sentencia de primera instancia y ordenó el rechazo de la demanda, imponiendo las costas a la actora. Fundamentos principales:
- La demanda de desalojo no resulta procedente porque la actora no acreditó la posesión ni la titularidad dominial suficiente.
- La documentación y pruebas aportadas por la demandada, incluyendo la regularización dominial y la historia de ocupación, generan dudas razonables sobre la naturaleza de la situación dominial y posesoria.
- La acción de desalojo no es adecuada para discutir derechos posesoria o de regularización dominial; estos asuntos corresponden a acciones de carácter real o posesoria.
- La discusión sobre la legitimación activa y las circunstancias de la posesión revela que la pretensión debería tramitarse en un marco diferente, como una acción de usucapión o regularización.
- La acción de desalojo requiere que quien la ejerce tenga la calidad de poseedor o propietario acreditada, lo cual no ocurrió en este caso.
- La evidencia documental y las constancias del expediente muestran que la situación es de posible posesión prolongada, pero insuficiente para configurar un derecho de dominio que justifique la demanda de desalojo.
- La jurisprudencia citada refuerza que la existencia de una posesión prolongada y la regularización dominial pueden dar lugar a acciones diferentes, no a un desalojo.