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ATN s/ RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A FUNCIONARIO PÚBLICO s/ CONFLICTO DE COMPETENCIA

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo confirmó la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad presentado por ODI, argumentando que no se configuraba una sentencia definitiva ni un caso de arbitrariedad. La disidencia sostuvo que la situación del actor justificaba la admisión del recurso por afectar derechos constitucionales fundamentales.

Violencia de genero Conflicto negativo de competencia Prohibicion de contacto Delito de desobediencia Restriccion de acercamiento Juez que previno Penal cont. y faltas / nac. crim. y corr. Eficiente administracion de justicia Competencia criminal y correccional Juzgamiento conjunto


¿Quién es el actor?

ODI

¿A quién se demanda?

GCBA (Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
- Objeto de la demanda: Recurso de inconstitucionalidad contra resolución que limitó la monto de asistencia alimentaria en subsidios, en el marco de un amparo por asistencia alimentaria y otros subsidios.
- Decisión del tribunal: La Cámara denegó el recurso de inconstitucionalidad, considerando que no era una sentencia definitiva ni configuraba arbitrariedad, por lo que la queja fue rechazada. La disidencia argumentó que la decisión afectaba derechos constitucionales, como el derecho a la salud y a una alimentación adecuada, y que la situación de vulnerabilidad del actor justificaba la admisión del recurso.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La Sala sostuvo que el pronunciamiento impugnado —que modificó la medida cautelar en un recurso que no era definitivo— no reunía las condiciones para ser considerado sentencia definitiva en materia constitucional. Además, la recurrente no logró demostrar que la resolución le ocasionara un perjuicio irreparable que justificara la admisión del recurso de inconstitucionalidad. La Cámara también destacó que la decisión no configuraba arbitrariedad y que la queja carecía de fundamentación suficiente. La disidencia, en cambio, resaltó que la afectación a derechos constitucionales como la salud y la alimentación, en un contexto de vulnerabilidad acreditada, justificaba la admisión del recurso, y que la decisión de limitar el monto de subsidios lesiona derechos fundamentales, lo que amerita su revisión.

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