MURIAS, ALEJANDRO HERNAN c/ PROVINCIA DE SANTA FE -RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe anuló la sentencia de la Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 2 de Rosario por vicios de fundamentación y ordenó remitir el expediente para un nuevo pronunciamiento. La decisión se basó en la falta de fundamentación normativa y contradicciones en la imposición de costas en un caso de prescripción de acción.
Quién demanda: Alejandro Hernán Murias
¿A quién se demanda?
Provincia de Santa Fe
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Reconstituir su carrera policial y obtener el pago de diferencias salariales, solicitando que se declare su aptitud para ascenso y que se analice su caso en una Junta ad hoc, con retroactividad a fechas específicas y diferencias salariales correspondientes (fs. 14/24).
¿Qué se resolvió?
La Corte Suprema declaró procedente el recurso de inconstitucionalidad, anulando la sentencia de la Cámara por carecer de fundamentación suficiente y por imponer costas en un caso en que no se justificó legalmente. Ordenó remitir los autos para un nuevo análisis por el tribunal de origen. Fundamentos principales de la decisión: "El fallo impugnado no reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución de la Provincia. La imposición de costas por su orden, en un contexto donde se alegaba la prescripción, carece de fundamentación normativa y contradice el principio del vencimiento objetivo, vulnerando garantías constitucionales." "En el proceso contencioso administrativo, la regla es que las costas deben ser impuestas a la parte vencida, salvo excepciones que no se configuraron en este caso. La Cámara no invocó ni justificó la excepción de costas por circunstancias particulares, ni aplicó adecuadamente las normas legales." "Por ello, la sentencia impugnada padece de vicios de fundamentación y arbitrariedad, razón por la cual debe ser anulada y remitida para un nuevo pronunciamiento." Votos: Todos los ministros coincidieron en que la resolución de la Cámara no cumple con los requisitos constitucionales y que la sentencia debía ser anulada, remitiendo la causa. La fundamentación fue unánime y se fundamentó en la necesidad de garantizar el derecho a la jurisdicción y la correcta fundamentación legal en la imposición de costas.
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