ACOSTA ROMINA ELENA, ALDERETE BRENDA ARIANA s/ ABUSO DE AUTORIDAD. HURTO DOBLEMENTE CALIFICADO. FALSEDAD IDEOLOGICA AGRAVADA.
La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario confirmó la legalidad de las medidas cautelares, incluyendo la prisión preventiva y la inmovilización de fondos, justificando la peligrosidad procesal y la existencia de elementos probatorios en contra de los imputados.
¿Quién es el actor?
El Ministerio Público de la Acusación (fiscalía).
¿A quién se demanda?
Los imputados Romina Elena Acosta, Brenda Ariana Alderete, Joaquín Samuel Gerominez, Marcelo Emanuel Gómez, Amilcar Javier Madera y Andrea Soledad González.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
La modificación de las decisiones de libertad y la inmovilización de cuentas bancarias, incluyendo la prisión preventiva y la suspensión de movimientos patrimoniales.
¿Qué se resolvió?
La Cámara confirmó las resoluciones que dispusieron la prisión preventiva y la inmovilización de fondos, rechazando los agravios de las defensas y fiscalía, y precisando que los elementos probatorios y la peligrosidad procesal justifican dichas medidas.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Los elementos recabados en la causa, como testimonios, secuestro de dinero y documentación, permiten sostener la existencia de una aparente participación en los hechos investigados, así como un riesgo procesal que justifica la conservación de las medidas cautelares. La peligrosidad procesal, la gravedad de las imputaciones y la vinculación funcional de los imputados con los hechos son suficientes para justificar la continuación de las medidas restrictivas, en tanto se preserven los fines del proceso y los derechos de las víctimas." Además, se consideró que las medidas de inmovilización de fondos, en particular las cuentas sueldo, deben limitarse a los fondos existentes al momento de la resolución, respetando el carácter alimentario del salario.
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