VINARDI, LEANDRO; BARRIAS, SABRINA IVANA; RODRIGUEZ, EMIR Y GALLARDO, LUCIANO ROMAN s/ EXTORSION SIMPLE y EXTORSION AGRAVADA POR EL USO DE ARMA DE FUEGO
La Cámara de Apelación de Rosario confirmó la legalidad y razonabilidad de la prisión preventiva y las decisiones sobre las medidas cautelares, fundamentadas en la gravedad de los hechos y el riesgo de entorpecimiento de la investigación. La sentencia sostiene la suficiencia de las evidencias y la proporcionalidad de las medidas adoptadas.
Quién demanda: La Fiscalía de la Provincia de Santa Fe (MPA) en el marco del proceso penal por extorsión agravada y otros delitos.
¿A quién se demanda?
A los imputados Leandro Vinardi, Sabrina Ivana Barrias, Luciano Román Gallardo y Emir Rodríguez.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
La impugnación de las decisiones de prisión preventiva y otras medidas cautelares, alegando posibles irregularidades y afectaciones a derechos de defensa y garantías constitucionales.
¿Qué se resolvió?
La Cámara de Rosario confirmó la legalidad y razonabilidad de las decisiones del juez de primera instancia, rechazando los agravios y validando la fundamentación en la gravedad de los hechos, la cantidad de personas involucradas, la peligrosidad procesal y la complejidad de la causa. Fundamentos principales de la decisión: "La competencia funcional de este Tribunal de Alzada se encuentra determinada expresamente por el código procesal penal de Santa Fe en el art. 391. La revisión de la resolución de baja instancia se limita a los argumentos y evidencias considerados por el a-quo. La prisión preventiva es revisable en forma permanente, y en este caso, la investigación presenta una complejidad que justifica la demora y las medidas cautelares. La evidencia que soporta la imputación contra los imputados es sólida, incluyendo declaraciones de testigos, mensajes de texto, conversaciones interceptadas y secuestros de celulares y otros elementos probatorios. La gravedad de los delitos imputados, el monto de las penas mínimas de 6 años y 8 meses, y la existencia de riesgos de fuga y entorpecimiento justifican la continuidad de la prisión preventiva. La defensa no logró demostrar irregularidades en el proceso ni condiciones que ameriten la concesión de prisión domiciliaria o morigeraciones. La situación de los imputados, sus roles en la organización criminal y las características de los delitos hacen procedente mantener las medidas cautelares."
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