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PETROVELLI, FLAVIO SANTIAGO Y OTROS s/ ASOCIACION ILICITA Y PROVISION ILEGAL DE ARMAS

La Cámara de Rosario revoca la decisión de la instancia anterior y declara la competencia de la Justicia Federal en una causa por asociación ilícita, provisión ilegal de armas y falsificación de credenciales, fundamentando que los hechos afectan intereses nacionales y la seguridad pública.

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- Quién demanda: Flavio Santiago Petrovelli y otros, imputados por asociación ilícita y provisión ilegal de armas.

¿A quién se demanda?

La Justicia Provincial, que fue declarada incompetente.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

La declaración de competencia federal para investigar delitos relacionados con tráfico y falsificación de armas, organización criminal vinculada al narcotráfico, y afectación de la ANMaC.

¿Qué se resolvió?

La Cámara revoca la decisión que había declarado la competencia provincial y ordena la remisión de la causa a la Justicia Federal, considerando que los hechos afectan intereses nacionales y que la evidencia demuestra la existencia de una organización criminal dedicada a burlar los controles del organismo nacional de control de armas.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La Cámara sostiene que la competencia en materia penal es de orden público y puede ser revisada en cualquier estado del proceso. Cita jurisprudencia nacional, como los fallos "Canal" y "Murray", que establecen que delitos vinculados con narcotráfico, crimen organizado y falsificación de credenciales de armas corresponden a la Justicia Federal. Se destaca que las armas adquiridas en grandes cantidades, con documentación falsificada y alteraciones en los numerales, configuran una estructura criminal que afecta el interés público y la seguridad nacional. La relación con organizaciones narcocriminales, la falsificación de credenciales, y la posible participación de funcionarios en la manipulación del control de armas, justifican la competencia federal, en línea con los fallos de la CSJN y otros precedentes. La evidencia de interceptaciones telefónicas, compras en armerías, y la utilización de credenciales apócrifas, apuntan a una organización estructurada con fines ilícitos que trascienden la competencia provincial. La afectación a la ANMaC, organismo nacional encargado del control de armas, refuerza la jurisdicción federal, dado que la causa involucra delitos que comprometen la seguridad pública y el orden institucional. La decisión final radica en que estos hechos, además de constituir delitos específicos, representan una amenaza a la seguridad y la organización institucional del Estado, por lo que la competencia debe ser de la Justicia Federal.

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