RODRIGUEZ, RAMON -SUCESORIO- s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

- Quién demanda: ANSES (Autoridad Administrativa Nacional de Seguridad Social)

¿A quién se demanda?

Tribunal de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Impugnación de la denegación del recurso de inconstitucionalidad contra la resolución que confirmó sanciones pecuniarias (astreintes) por incumplimiento de órdenes judiciales, alegando arbitrariedad y vulneración de derechos constitucionales.

¿Qué se resolvió?

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó la queja, confirmando que la decisión de la Cámara de Rafaela no incurrió en arbitrariedad y que las sanciones estaban justificadas por la incumplimiento reiterado de ANSES en el suministro de información y cumplimiento de requisitorias judiciales. La sentencia enfatiza que "las condenaciones conminatorias podrán ser impuestas por los jueces, de oficio o a pedido de parte interesada, cuando se incumplieren deberes jurídicos establecidos en una resolución judicial" y que "no es ese el fundamento de la aplicación de astreintes. Por el contrario, lo que motivó la sanción fue la deficiente información que suministró la propia ANSES frente a las diferentes requisitorias". La Corte señala que los agravios de la recurrente "no resultan idóneos para conmover lo decidido desde la perspectiva constitucional" y que "los cuestionamientos sólo denotan su intención de renovar el debate acerca de la valoración de cuestiones de hecho y de derecho de la causa".

¿Cuáles son los fundamentos principales?

El Tribunal remarca que "se realizó un repaso detallado de la deficiente conducta del organismo público a lo largo del proceso, ejecutada por el mismo apoderado que ahora presenta el recurso de inconstitucionalidad" y concluye que "las sanciones conminatorias fueron plenamente justificadas en base a incumplimientos de órdenes judiciales". Además, destaca que la imposición de astreintes "no se halla sujeta a forma específica alguna" y que "el monto no debe guardar relación alguna con la prestación debida ni con el eventual daño sino que... se graduarán en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas". La Cámara de Rafaela, en su decisión, actuó dentro de sus atribuciones sin incurrir en arbitrariedad, y la queja no demuestra que exista una vulneración constitucional.