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AGUIRRE, MIGUEL ORLANDO c/ ACTIS RACCA, MARIA TERESA s/ JUICIO EJECUTIVO

La Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó la nulidad y la apelación en un juicio ejecutivo por reclamación de título, fundamentando que la fundamentación del fallo en primera instancia fue adecuada y que la pretensión de suspensión de la ejecución por denuncia penal carecía de elementos suficientes para justificar una medida cautelar. La Sala resaltó que la inercia del Ministerio Público no afecta la validez del proceso ejecutivo y que la buena fe se presume, por lo que no existió motivo para suspender la ejecución ni declarar la nulidad del fallo precedente. La decisión se fundamentó en que la valoración de la prueba fue adecuada y que no se acreditó la existencia de irregularidades en la obtención del título, descartando la aplicación del principio prejudicial penal como causal de suspensión. La condena en costas recayó sobre la parte que interpuso la apelación, considerada perdidosa.

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¿Qué se resolvió en el fallo?

La Sala analiza un recurso de nulidad y apelación promovido por la parte demandada en un juicio ejecutivo por reclamación de título. La sentencia de primera instancia, dictada el 30/09/24, ordenó continuar con la ejecución, considerando que no había elementos que justificaran suspenderla ni declararla nula, fundamentándose en la normativa aplicable y jurisprudencia local. La parte demandada cuestiona la motivación y la suspensión por prejuicios penales, alegando que la denuncia penal y la inacción del Ministerio Público no justifican la suspensión de la ejecución, además de cuestionar la validez del fallo por supuesta falta de fundamentación. La Cámara, tras analizar la causa, concluye que la valoración de las constancias fue adecuada, que no existe una causa suficiente para suspender la ejecución y que la denuncia penal no constituye una prejudicialidad que impida el avance del proceso ejecutivo. La Cámara además resaltó que la buena fe se presume y que la carga de la prueba de mala fe recae en la parte que alegó la irregularidad, sin haber aportado elementos suficientes. La decisión de confirmar la sentencia de primera instancia y rechazar la nulidad y la apelación fue unánime, con costas a la parte apelante.

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