TOSO, MARIA ROSA LUCIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE -RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
La Corte Suprema de Santa Fe rechazó la queja por denegación de recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos contra la sentencia que confirmó la aplicación de una tasa de interés activa sumada en un proceso de reajuste previsional. La decisión se fundamentó en la falta de demostración de arbitrariedad y en la razonabilidad de la resolución judicial.
Actor: La Provincia de Santa Fe, en carácter de demandada. Demandado: La actora, María Rosa Toso. Objeto: La impugnación de la tasa de interés aplicada en la sentencia del 26 de junio de 2024, específicamente la modificación de la tasa activa sumada fijada por el Banco Central de la República Argentina. Decisión: La Corte Suprema rechazó la queja por inadmisibilidad, confirmando la decisión del tribunal de origen que denegó los recursos de inconstitucionalidad y casación respecto a la tasa de interés.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"De la lectura del escrito de queja, en confrontación con el auto denegatorio, surge que, a pesar del esfuerzo, la compareciente no logra rebatir los argumentos dados por la Cámara para denegar los recursos interpuestos, incumpliendo así la carga del artículo 8 de la ley 7055. Es que tanto el recurso de inconstitucionalidad como el de casación fueron interpuestos contra lo resuelto en punto a la tasa de interés, tema en el cual -siendo por principio ajeno a la instancia de revisión extraordinaria
- pesa en cabeza del interesado la carga de demostrar el serio menoscabo de los derechos constitucionales de propiedad y defensa en juicio, probando que se arriba a un resultado manifiestamente desproporcionado que prescinde de la realidad económica existente al momento del pronunciamiento, lo que no acontece en la especie."
"El auto denegatorio la A quo remarcó que la tasa activa sumada fijada por el Banco Central era la adecuada para el caso, apoyándose en precedentes jurisprudenciales y en la acordada del Tribunal en agosto de 2023. Además, sostuvo que la alegación de arbitrariedad no lograba demostrar que la decisión judicial incurriera en vicios de constitucionalidad o de arbitrariedad, ya que la resolución fue fundada en razones económicas-financieras y en la jurisprudencia consolidada. La quejosa no logró acreditar que la decisión judicial fuera manifiestamente irrazonable o que vulnerara derechos constitucionales, por lo que la queja fue considerada inadmisible."
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