A., S. A. -RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CARPETA JUDICIAL A., S. A. s/ ABUSO SEXUAL SIMPLE AGRAVADO- s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
La Corte de Santa Fe revoca la decisión de denegar el recurso de inconstitucionalidad y admite la queja por arbitrariedad, considerando que la denegación de la prueba durante la etapa procesal puede afectar derechos constitucionales y requiere revisión.
- Quién demanda: El representante del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.
¿A quién se demanda?
La resolución 706 del Tribunal Unipersonal del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de la Segunda Circunscripción Judicial.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
La inconstitucionalidad de la denegación de la prueba pericial (información sobre la Cámara Gesell de la niña) y la afectación al derecho de defensa, solicitando se revoque dicha resolución y se permita la producción de la prueba.
¿Qué se resolvió?
La Corte provincial admitió la queja, consideró que la resolución impugnada podría generar un gravamen de imposible reparación ulterior y que la decisión del tribunal inferior puede considerarse equiparable a una resolución interlocutoria que afecta derechos constitucionales, por lo que corresponde abrir la instancia extraordinaria.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La decisión que se toma durante la etapa intermedia en relación a la discusión acerca de la posibilidad de realización o no de una prueba durante el debate resulta concluyente. Por tanto, toda vez que no va a poder introducirse en el juicio, ni reeditarse la discusión acerca de su admisibilidad sin comprometer la imparcialidad del tribunal de juicio, ni distorsionar el sentido de la audiencia preliminar y el debate, debe considerarse que el rechazo de su producción podría causar a la parte que la ofreciera un perjuicio de imposible reparación ulterior que habilita las vías impugnativas ordinarias y extraordinarias." La Corte también resaltó que las postulaciones defensivas cuentan con suficiente asidero en las constancias del proceso y que la decisión de denegar la prueba puede configurar hipótesis de arbitrariedad. Además, se rechazó la argumentación de gravedad institucional, ya que la recurrente no logró demostrar que las cuestiones excedan el interés individual y afecten a la comunidad.
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