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Incidente Nº 1 - ACTOR: DOMINGUEZ, DELIA MATILDE DEMANDADO: ANSES s/INC APELACION

La Cámara Federal de Mendoza confirmó en parte la sentencia de primera instancia y rechazó el recurso de la ANSES, manteniendo la imposición de costas a la parte vencida, en virtud de la conducta omisiva de la administración y la normativa aplicable en materia de costas y mora administrativa.

Costas Recurso de apelacion Responsabilidad del estado Amparo Proceso judicial Demora Competencia de la camara Mora administrativa Honorarios. Ley 24.463

¿Qué se resolvió en el fallo?


- La actora, Delia Matilde Dominguez, promovió un amparo por mora contra la ANSES, solicitando que se dicte una resolución en tiempo y forma.
- La primera instancia declaró abstracta la cuestión y le impuso las costas a la demandada, basándose en que la demora administrativa generó la necesidad de recurrir a la vía judicial, y que la conducta omisiva de la administración justifica la imposición de costas según el art. 68 del CPCCN.
- La ANSES interpuso recurso de apelación contra la imposición de costas, alegando que las mismas deben ser impuestas en el orden causado conforme al art. 21 de la ley n° 24.463.
- La Cámara, tras analizar el expediente, sostuvo que en procesos de amparo por mora, no resulta de aplicación los arts. 14 y 21 de la ley 24.463, ya que estas refieren a impugnaciones judiciales de actos administrativos y la presente acción busca que la administración dicte una resolución.
- La Cámara recordó que la eficacia de la actividad administrativa depende en gran medida de la celeridad con que se ejerza, y que si la demora causa perjuicios, el Estado debe responder por ello y los gastos necesarios para hacer cesar la demora.
- En virtud de ello, y considerando que la conducta omisiva de la administración obliga a la actora a recurrir a la vía judicial, se concluyó que las costas deben imponerse a la demandada, en aplicación supletoria del art. 68 del CPCCN.
- Finalmente, la Cámara rechazó el recurso de la ANSES, confirmó la sentencia y dispuso la regulación de honorarios en un 30% de lo establecido en primera instancia.

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