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MANFREDI RIERA, LUCAS MAXIMILIANO EN LA REPRESENTACION INVOCADA c/ PAMI s/AMPARO LEY 16.986

La Cámara Federal de Paraná confirma la sentencia que ordenó a PAMI brindar la cobertura integral del 100% en internación geriátrica a la beneficiaria con discapacidad, ratificando la obligación de la obra social de cubrir el gasto desde la fecha de intimación, en línea con la jurisprudencia y la normativa vigente.

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¿Quién es el actor?

Lucas Maximiliano Manfredi Riera en representación de su madre, Alicia Riera

¿A quién se demanda?

PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados)

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobertura integral (100%) de internación geriátrica en la residencia “Tu Bienestar” desde la fecha de intimación fehaciente, conforme a la prescripción médica.

¿Qué se resolvió?

La Cámara rechazó el recurso de apelación de PAMI y confirmó la sentencia de primera instancia que ordenaba la cobertura integral desde el 8/10/2024, considerando probada la condición de discapacidad de la beneficiaria, la necesidad de internación y la insuficiencia de ingresos del afiliado, en línea con la jurisprudencia y la normativa aplicable.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La Corte Suprema de Justicia ha establecido que los jueces no están obligados a analizar todos los argumentos, sino los que resulten conducentes para la resolución. Se acreditó que la Sra. Riera presenta secuelas de infarto cerebral, hemiplejia, incontinencia urinaria y dependencia de silla de ruedas, con CUD del 9/10/2024. La necesidad de internación en residencias geriátricas fue probada mediante certificados médicos, y la residencia “Tu Bienestar” tiene un costo mensual de $1.700.000, mientras que los ingresos del afiliado en agosto de 2023 eran de $68.810, evidenciando insuficiencia. La jurisprudencia y las resoluciones administrativas indican que la cobertura debe efectuarse conforme a los valores presupuestados y actualizados, sin que pagos inferiores puedan considerarse cumplimiento. La condena desde el 8/10/2024 se ajusta a la fecha de la primera intimación formal en sede administrativa, conforme a la jurisprudencia.

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