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LORENZATTI GUSTAVO DOMINGO c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

La Cámara Federal de la Seguridad Social confirmó la sentencia de primera instancia en un litigio por reajustes y actualización de haberes previsionales, manteniendo la constitucionalidad de las leyes y decretos cuestionados, y diferiendo ciertos análisis a la etapa de ejecución para garantizar la seguridad jurídica y evitar resoluciones contradictorias.

Movilidad previsional Ley 24.241 Ley 27.426 Ley 27.609 Inconstitucionalidad Actualizacion de haberes Bonos extraordinarios Seguridad juridica Decreto n? 274/2024 Etapa de ejecucion Reserva de analisis.


- Quién demanda: Gustavo Domingo Lorenzatti
- A quién se demanda: ANSES
- Qué se reclama: Reajustes en las prestaciones previsionales, actualización del haber inicial, indexación de la PBU, considering parámetros de actualización, y cuestionamientos constitucionales a leyes y decretos que regulan la movilidad previsional.
- Qué se resolvió: La Cámara confirmó la constitucionalidad de las leyes y decretos impugnados, ordenó al organismo demandado ajustar la prestación a partir de enero de 2021 considerando las diferencias entre la movilidad aplicada durante la período suspendido y la que correspondería bajo las leyes derogadas, y diferió ciertos planteos constitucionales y de inconstitucionalidad para la etapa de ejecución. Fundamentos: La Cámara basó su fallo en la necesidad de garantizar la seguridad jurídica en un contexto de cambios normativos en la movilidad previsional, resaltando que la Constitución Nacional garantiza la movilidad de los haberes y que el legislador tiene la facultad y el deber de fijar su método, siempre que sea razonable y respete la dignidad de los beneficiarios. Se remarcó que la modificación normativa actual, en particular el DNU 274/2024, refleja la toma de conciencia sobre la insuficiencia de la ley 27.609 y busca adecuar la movilidad a la realidad inflacionaria, por lo que la resolución definitiva en esta etapa podría obstaculizar los ajustes en curso. También se sostuvo que el análisis de constitucionalidad de dichas leyes y decretos debe diferirse a la etapa de ejecución para asegurar mayor claridad y evitar resoluciones fragmentadas.

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