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FCA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. C/ P. J. D. S(6)/ ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 12962)

La Cámara de Apelaciones confirma la nulidad del secuestro prendario por violar derechos del consumidor y principios constitucionales, argumentando que la ley 24.240 y la Constitución Nacional protegen el derecho a defensa del consumidor frente a procedimientos que limiten sus garantías.

Relacion de consumo Derechos constitucionales Defensa en juicio Proteccion del consumidor Proteccion constitucional Secuestro prendario Nulidad de procedimiento Ley 24.240 Ejecucion extrajudicial Articulo 37


¿Quién es el actor?

FCA COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

¿A quién se demanda?

P. J. D. S(6)

¿Cuál es el objeto del reclamo?

La validez del secuestro prendario dictado sin oportunidad de defensa, en un proceso de ejecución extrajudicial.

¿Qué se resolvió?

Se confirma la nulidad del secuestro y la decisión que impide su ejecución sin garantías constitucionales y protección del consumidor.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La sala señaló que el artículo 39 del decreto ley 15.348/46, que permite la venta extrajudicial sin recurso del deudor, contrasta con la normativa de protección al consumidor, en particular el artículo 37 de la ley 24.240, que prohíbe cláusulas que limiten derechos o inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor. La relación en este caso se encuentra amparada por la normativa de defensa del consumidor, y la posibilidad de realizar secuestros sin defensa previa viola derechos constitucionales y garantías constitucionales, además de contradecir el espíritu de protección del consumidor. La interpretación del tribunal fue que la normativa especial de protección al consumidor prevalece sobre el decreto ley 15.348/46, ya que la Constitución Nacional y la ley 24.240 garantizan un trato equitativo y la defensa en juicio. Por ello, se considera que la ejecución extrajudicial del secuestro prendario resulta incompatible con dichas garantías y debe ser dejada sin efecto. La decisión fue adoptada en virtud de la protección constitucional del derecho a defensa y la normativa de protección al consumidor, rechazando la validez del procedimiento de secuestro sin oportunidad de defensa previa, conforme a los principios constitucionales y legales aplicables.

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