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FERNANDEZ, RICARDO HECTOR c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

La Cámara Federal de Mendoza confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó el recurso de ANSES, manteniendo la decisión de actualizar la PBU y eximir del impuesto a las ganancias, además de declarar la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018.

Recurso de apelacion Inconstitucionalidad Impuesto a las ganancias Seguridad social Retroactivo Actualizacion de prestaciones Pbu Ley 26.417 Ley 24.241 Inconstitucionalidad dnu 157/2018.


¿Quién es el actor?

Ricardo Héctor Fernández (actora)

¿A quién se demanda?

ANSES

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reajuste de prestaciones previsionales, actualización de la PBU, exención del impuesto a las ganancias, inconstitucionalidad de normativas, costas y honorarios.

¿Qué se resolvió?

La Cámara confirmó la sentencia de primera instancia en todos sus términos, rechazando los agravios del apelante y manteniendo la improcedencia del reajuste de componentes PC y PAP, la actualización de la PBU conforme a jurisprudencia, la exención del impuesto a las ganancias, y la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018. Además, impuso las costas a la demandada vencida y reguló honorarios en un 30% de lo establecido en primera instancia.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"De la doctrina emanada de la CSJN en autos 'Quiroga, Carlos Alberto c/ Anses s/ Reajustes Varios' (sent. 11/11/2014) no surge, que el Alto Tribunal hubiere limitado la actualización de la PBU solamente a aquellos beneficios adquiridos hasta la entrada en vigencia de la ley 26.417. Por el contrario, afirma el carácter integral de todos los beneficios de la seguridad social, 'aspecto del que es parte esencial la correcta fijación del monto inicial de los haberes, pues de otro modo no podría mantenerse una relación justa con la situación de los activos.' (Considerando 9). En tal sentido, la CSJN en autos 'González, Héctor Orlando' (CSJN, 4/02/21) admitió la actualización de la PBU respecto de beneficios adquiridos con posterioridad a marzo de 2009. La resolución cuestionada, que limita la actualización por reglamentación de normas de la ley 24.241 que no están previstas en la ley, viola principios constitucionales de proporcionalidad y seguridad jurídica, y resulta confiscatoria al alterar la relación entre el haber y las cotizaciones efectivamente efectuadas, afectando derechos constitucionales como el art. 14 bis y el art. 17 CN."

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