KETTE, ANA MAGDALENA c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS
La Cámara Federal de Bahía Blanca resolvió modificar la sentencia de primera instancia, ajustando los mecanismos de actualización previsional y declarando la inconstitucionalidad de la ley 27.609, en virtud de su impacto sobre la garantía constitucional de movilidad y el deterioro de los haberes pasivos.
- Actora: Ana Magdalena Kette
¿A quién se demanda?
ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social)
- Objeto de la demanda: Reclamación por reajustes en el haber previsional, actualización del haber inicial, y protección del derecho a la movilidad previsional.
- Decisión del tribunal: La Cámara ordenó que las remuneraciones computables se actualicen hasta febrero de 2009 con el índice ISBIC y, posteriormente, con la ley 26.417. Se diferió el reajuste del haber PBU a la etapa de liquidación. Se rechazaron los agravios sobre la ley 27.426. Se ordenó la integración del haber de diciembre de 2020 con la diferencia respecto del porcentaje que habría correspondido con la ley 27.426. Se declaró la inconstitucionalidad del art. 1 de la ley 27.609 desde 2022 y se estableció un nuevo mecanismo de actualización trimestral con un índice combinado (50% IPC y 50% RIPTE). Se declaró la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018 y se impusieron costas a la demandada vencida.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
La Cámara consideró que las fórmulas de movilidad vigentes desde 2022 no garantizan efectivamente la protección constitucional del derecho a la movilidad, por lo que su aplicación produjo una depreciación de los haberes pasivos del 33,70% al 49%, en violación del art. 14 bis de la Constitución Nacional y de tratados internacionales. La declaración de inconstitucionalidad de la ley 27.609 se fundamentó en la pérdida del poder adquisitivo y en que la fórmula no refleja adecuadamente la variación de los precios y salarios, afectando derechos constitucionales y tratados internacionales. La Cámara propuso aplicar desde 2022 una fórmula combinada de actualización trimestral en partes iguales por IPC y RIPTE, con descontar bonos y refuerzos percibidos, y garantizar que los haberes no sean inferiores a los determinados por la ley 27.609 en su momento. La disidencia del Dr. Amabile sostuvo que la fórmula del art. 1 de la ley 27.609 resulta inconstitucional por afectar derechos constitucionales de manera regresiva, y propone una fórmula de actualización que refleje mejor la variación del costo de vida y salarios.
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