PEREZ MARISA c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

- Quién demanda: Marisa Pérez

¿A quién se demanda?

ANSES

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reajustes diversos, actualización de la Prestación Básica Universal, inconstitucionalidad de ciertos artículos legales, interés en el cálculo del haber inicial y la metodología de actualización.

¿Qué se resolvió?

La Cámara revoca parcialmente la sentencia de grado, confirmando la constitucionalidad de leyes y decretos, pero estableciendo que la incidencia de la PBU sobre el haber total debe calcularse aplicando el índice “Badaro” y verificando si la diferencia supera el 15% para evitar la confiscatoriedad. Además, declara la inconstitucionalidad del art. 9 inc. 3) de la Ley 24.463 en caso de que la merma sea superior a ese porcentaje, y difiere la aplicación del fallo “Villanustre” y del art. 26 de la Ley 24.241 a la etapa de ejecución.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La sentencia destaca que la protección del artículo 14 bis de la Constitución Nacional exige una correcta fijación del monto inicial del haber para mantener la relación justa con la situación del activo. Se aplican precedentes de la CSJN, en particular “Elliff”, “Makler” y “Badaro”, que establecen que la actualización de los aportes y el haber debe evitar efectos confiscatorios. La metodología de cálculo adoptada por la Cámara respeta los criterios jurisprudenciales y constitucionales, evaluando si la diferencia en la actualización genera una merma superior al 15%, en cuyo caso procede la actualización. La declaración de inconstitucionalidad del art. 9 inc. 3) de la Ley 24.463 se realiza cuando dicha merma supera ese límite. La revisión de la PBU se realiza considerando la incidencia en el haber total y aplicando el índice “Badaro” para determinar si la diferencia es confiscatoria. La actualización de los aportes autónomos se ajusta a los precedentes de la CSJN, y la metodología de cálculo respeta los principios constitucionales de igualdad y protección del haber previsional. La controversia sobre la inconstitucionalidad del art. 2 de la Ley 27.426 y otros artículos queda en etapa de ejecución para una valoración concreta del perjuicio.