ARTICO DENIER, ESTEBAN ADRIAN c/ SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL - ESTADO NACIONAL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS s/AMPARO LEY 16.986

- Quién demanda: Esteban Adrián Artico Denier

¿A quién se demanda?

Servicio Penitenciario Federal
- Estado Nacional, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

¿Cuál es el objeto del reclamo?

nulidad de modificaciones en la liquidación de suplementos salariales por Decreto 586/2019 y Resolución 607/2019, y que se liquiden los suplementos en los términos previos a dichas normas, con retroactividad desde septiembre de 2019.

¿Qué se resolvió?

La Cámara confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar al amparo, ordenando liquidar los suplementos en los mismos términos anteriores a las modificaciones, y rechazó los agravios del organismo demandado por arbitrariedad y violación a la equiparación salarial. La sentencia consideró que las modificaciones realizadas por el Poder Ejecutivo vulneran la ley de fondo que establece la equiparación de remuneraciones con la Policía Federal, y que las mismas alteran la política salarial establecida por el Congreso. Se resaltó que el Poder Ejecutivo no tiene facultad para modificar porcentajes de suplementos que afectan derechos adquiridos, y que la normativa vigente y jurisprudencia protegen dicha equiparación. La Cámara también condenó en costas a la demandada y confirmó la imposición de costas en primera instancia.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La modificación de porcentajes del S.A.S. y Título Académico con el Decreto 586/2019 y la Resolución 607/2019 viola la ley de fondo, afectando derechos adquiridos y la equiparación con la Policía Federal. La jurisprudencia de CSJN y la ley orgánica del Servicio Penitenciario avalan la protección del régimen salarial vigente, y las decisiones administrativas que reducen suplementos sin justificación razonable son ilegítimas. La potestad del Poder Ejecutivo para modificar remuneraciones no puede afectar derechos adquiridos ni alterar la política salarial del Congreso. La sentencia enfatizó que las decisiones administrativas deben respetar los principios constitucionales, la ley de fondo y la jurisprudencia consolidada.