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ROGEL NESTOR BELARMINO c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

La Cámara Federal de la Seguridad Social revoca parcialmente la sentencia y confirma aspectos relacionados con la actualización de haberes previsionales y la constitucionalidad de las resoluciones administrativas, manteniendo la improcedencia de ciertos agravios y estableciendo costas por su orden.

Recurso de apelacion Jubilaciones Actualizacion de haberes Inconstitucionalidad Resoluciones administrativas Ley 24.241 Resolucion 56/2018 Corte suprema Vulnerabilidad social Costas procesales.

Actor: Néstor Belarmino Rogel Demandado: ANSES Objeto: Reajustes en la jubilación, actualización del haber, diferencias en pagos, inconstitucionalidad de resoluciones, exención de impuestos Decisión: Se rechazan los agravios sobre la aplicación de ciertos índices y resoluciones, declarando la inconstitucionalidad de la resolución 56/2018 de ANSES, pero se mantiene la improcedencia de la actualización retroactiva y la aplicación del índice combinado. Se revoca parcialmente la sentencia y se establecen costas por su orden. Fundamentos: El tribunal analizó la validez de las resoluciones administrativas cuestionadas, señalando que la resolución 56/2018 de ANSES fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema en el fallo "Blanco Lucio Orlando" del 18/12/2018, por contradecir el art. 14 bis de la Constitución Nacional, en virtud de que fija un índice de actualización de manera retroactiva. Además, se consideró que el decreto 807/2016 y la ley 27.260 no son aplicables al caso, dado que el beneficio fue adquirido antes de su vigencia y en condiciones diferentes. La jurisprudencia citada sostiene que la aplicación de índices de actualización y resoluciones que contravengan el marco constitucional deben ser declaradas inaplicables. Asimismo, se refirió a la vulnerabilidad de los jubilados y la necesidad de proteger sus derechos sociales, en línea con fallos de la Corte Suprema. El tribunal también abordó la exención del impuesto a las ganancias, afirmando que la naturaleza social del reclamo justifica la protección de los derechos de los beneficiarios. Finalmente, se impusieron costas por su orden en la instancia de alzada y se regularon honorarios en el 30% de lo regulado en primera instancia.

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