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BLANCO, ALBERTO OSCAR Y OTROS c/ MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACION SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL s/AMPARO LEY 16.986

La Cámara Federal de Resistencia confirmó la sentencia de primera instancia que ordenó la liquidación del Estado Nacional en favor del actor por diferencias en el cálculo del régimen de antigüedad y la equiparación salarial del personal penitenciario con la Policía Federal, rechazando los agravios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre la fundamentación y el alcance del fallo.

Recurso de apelacion Amparo Derechos previsionales Equiparacion salarial Justicia federal Decreto 586/19 Proteccion constitucional. Normativa salarial Diferencias en haberes Regimen de antiguedad


¿Quién es el actor?

Alberto Oscar Blanco y otros

¿A quién se demanda?

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Servicio Penitenciario Federal
- Objeto de la demanda: Reclamo por diferencias en la liquidación del régimen de antigüedad y equiparación salarial, por la aplicación del Decreto N° 586/19 y la normativa vinculada, desde 2019.
- Decisión del tribunal: La Cámara confirmó la sentencia de primera instancia que ordenó al Estado liquidar las diferencias en los haberes, rechazando los agravios sobre la interpretación normativa y la competencia del Poder Ejecutivo, y sosteniendo que la vía del amparo era adecuada para el caso.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La Cámara sostuvo que la acción de amparo es la vía más adecuada para la protección de derechos constitucionales en materia previsional, y que no es necesario agotar la vía administrativa previa en casos de derechos irrenunciables, como los previsionales. La sentencia de primera instancia analizó la normativa aplicable, incluyendo la Ley 20.416 y la Ley 16.986, y determinó que la modificación del porcentaje del SAS (Suplemento por Antigüedad de Servicios) con la Resolución N° 607/19, alteró la equiparación salarial prevista por ley, generando un perjuicio económico y la merma en el haber mensual del personal penitenciario. La Cámara destacó que la competencia del Poder Ejecutivo para dictar normativas salariales debe respetar los límites constitucionales y legales, y que en el caso, la modificación de los porcentajes y su impacto en los haberes implicó una vulneración del derecho del actor. Además, se rechazaron los argumentos del demandado respecto a la competencia del Poder Ejecutivo y la legalidad del Decreto N° 586/19, afirmando que dichas decisiones deben ajustarse a la normativa constitucional y federal, y que la jurisprudencia y doctrina aplicable respaldan la protección judicial en estos casos. Finalmente, las costas fueron impuestas a la parte vencida, y se confirmó la sentencia en todos sus términos.

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