SAMBRANO, ALBERTO VICENTE Y OTROS c/ MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACION SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL s/AMPARO LEY 16.986
La Cámara Federal de Resistencia confirmó la sentencia de primera instancia que ordenó al Estado liquidar diferencias en el pago del régimen de antigüedad y equiparación salarial del personal del Servicio Penitenciario Federal, rechazando los agravios del organismo demandado que cuestionaron la fundamentación y la vía procesal. La decisión sostuvo que la interpretación del Decreto 586/19 y la normativa salarial, así como la doctrina del precedente “Ramírez”, demuestran que la modificación del SAS genera un perjuicio económico y rompe la equiparación con la Policía Federal, por lo que se confirma la sentencia de primera instancia. La Cámara consideró que no corresponde el requisito de agotamiento previo de la vía administrativa, dado que la vía judicial es la más adecuada para proteger derechos constitucionales, y que las políticas salariales son facultad del Poder Ejecutivo, siempre que no sean arbitrarias. Finalmente, impuso las costas a la parte vencida y rechazó la regulación de honorarios a los letrados de la demandada.
¿Qué se resolvió en el fallo?
La acción de amparo fue promovida por Alberto Vicente Sambrano y otros contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Servicio Penitenciario Federal, reclamando diferencias en la liquidación del régimen de antigüedad y la equiparación salarial con la Policía Federal. La sentencia de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda, ordenando liquidar las diferencias desde septiembre de 2019, y la Cámara Federal de Resistencia confirmó esa decisión. La Cámara argumentó que la modificación del SAS por el Decreto 586/19 y la Resolución 607/19 rompe la equiparación salarial con la Policía Federal, y que las decisiones del Poder Ejecutivo en materia salarial gozan de un razonable margen de discrecionalidad, siempre que no sean arbitrarias. Además, afirmó que la vía judicial es la adecuada para resolver estos derechos, dado que la acción de amparo busca la protección efectiva de derechos constitucionales, sin que sea necesario el agotamiento previo de la vía administrativa. La Cámara también rechazó los agravios relativos a la inaplicabilidad del Decreto 586/19 y la supuesta vulneración del principio de legalidad, destacando que la normativa y la jurisprudencia avalan la facultad del Poder Ejecutivo para fijar las políticas salariales en el marco legal. La decisión concluyó que la modificación del porcentaje del SAS genera un perjuicio económico y que la sentencia de primera instancia debe ser confirmada en todos sus términos.
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