DIAZ SANTIAGO ARIEL C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO/A S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS

¿Qué se resolvió en el fallo?

La parte actora, Santiago Ariel Díaz, demanda a la Provincia de Buenos Aires por responsabilidad por el incendio ocurrido en la Comisaría Primera de Pergamino el 02/03/2017, en el que murieron internos y resultó lesionado el actor, por negligencia en la custodia y falta de actuación del personal policial. La sentencia de primera instancia condenó a la provincia a pagar $1.000.000 por daño moral, considerando la gravedad del hecho y la responsabilidad del Estado en la omisión de sus deberes de custodia. La Cámara confirma parcialmente esa decisión, aumentando la reparación por daño moral a $2.500.000, motivada en la gravedad del evento y el impacto emocional en el actor, y rechaza la petición de indemnización por incapacidad sobreviniente por fallas en la producción de prueba. La Cámara enfatiza que la responsabilidad del Estado surge de la falta de servicio y la omisión en garantizar la integridad de los detenidos, y que la gravedad del hecho justifica la mayor reparación. Fundamentos principales de la decisión: El tribunal analizó la responsabilidad del Estado por omisión, basándose en la normativa vigente, doctrina y jurisprudencia sobre la responsabilidad por falta de servicio y deber de custodia. Destacó que existió una falta de servicio atribuible a la provincia, dado que no se realizaron las acciones necesarias para apagar el incendio y garantizar la integridad de los detenidos, lo que fue probado en la causa penal. La prueba pericial y testimoniales evidencian que la policía retardó y obstaculizó la labor de bomberos, constituyendo una omisión que generó el daño. La responsabilidad se configura por la relación de causalidad adecuada entre la omisión y el daño sufrido, que incluye la muerte de internos y las lesiones del actor. Respecto a la cuantificación del daño moral, el tribunal consideró que la gravedad del evento ameritaba una mayor reparación, por lo que se aumentó la suma a $2.500.000, valorados a valores actuales, con intereses desde el hecho hasta la sentencia. En cuanto a la incapacidad sobreviniente, se rechazó la indemnización por falta de prueba adecuada. La condena en costas se impuso al Fisco de Buenos Aires, vencido en la instancia.