BORRELLI, DANIEL ANDRES c/ ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA ARGENTINA s/SUPLEMENTOS FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD
La Cámara Federal de Mar del Plata confirmó la resolución de grado que rechazó la demanda de reconocimiento de veterano de guerra al no acreditarse participación efectiva en acciones bélicas ni en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur durante el conflicto del Atlántico Sur. La sentencia fundamenta que, si bien el actor cumplió servicio militar, no se acreditó que realizara funciones en el Teatro de Operaciones de Malvinas o en acciones de combate, requisito necesario para el reconocimiento. La jurisprudencia de la CSJN en fallos “Gerez” y “Arfinetti” establece que la participación en acciones bélicas requiere demostración de participación efectiva y en situación de riesgo de vida, lo cual no fue acreditado en autos. La Cámara sostiene que la distinción entre categorías de veteranos tiene un fundamento razonable y que la normativa vigente no resulta arbitraria, aunque se reconoce la discusión sobre la constitucionalidad de los requisitos de participación efectiva. La sentencia también confirma la imposición de costas en el orden del grado por tratarse de una materia controvertida y con jurisprudencia no uniforme.
- Actor: Daniel Andrés Borrelli
- Demandado: Estado Mayor General de la Armada Argentina
- Objeto de la demanda: Reconocimiento como veterano de guerra del conflicto del Atlántico Sur y acceso a beneficios previstos en la Ley 23.848
- Decisión: La Cámara rechaza el reclamo y confirma la sentencia de grado que negó el reconocimiento, argumentando que no se acreditó participación efectiva en acciones bélicas ni en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, siendo insuficiente el servicio militar en la Base de Infantería de Marina Baterías sin participación en combate.
- Fundamentos principales: La normativa y jurisprudencia que establecen los requisitos para ser considerado veterano de guerra, incluyendo la participación en acciones bélicas y en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. La falta de acreditación de participación efectiva y en riesgo de vida impide el reconocimiento. La sentencia también analiza la constitucionalidad de la diferenciación normativa y la jurisprudencia relevante, concluyendo que en el caso no se cumplen los requisitos.
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