BERLARI, OSCAR ABEL c/ ANSES s/IMPUGNACION de ACTO ADMINISTRATIVO

La sentencia analiza la constitucionalidad de las leyes de movilidad previsional, en particular las leyes 27.426, 27.541, 27.609 y los decretos asociados. La Cámara sostiene que la garantía constitucional de movilidad de las jubilaciones, prevista en el art. 14 bis de la CN, requiere que el método de ajuste sea razonable y proporcional, atendiendo a los cambios en el costo de vida y los salarios. La Corte Suprema ha establecido que corresponde al legislador determinar las fórmulas de movilidad, siempre que sean razonables y no confiscatorias. La ley 27.609, que estableció una fórmula basada en la variación del IPC y RIPTE, fue declarada inconstitucional porque su aplicación provocó una depreciación significativa de los haberes, en particular desde 2022, debido a la pérdida de relación con los índices económicos y la inclusión de aumentos excepcionales (refuerzos y bonos). La Cámara propone como fórmula de actualización un índice combinado en partes iguales por IPC y RIPTE, que refleje mejor la variación del poder adquisitivo, y ordena la actualización en los términos establecidos. La resolución también confirma la constitucionalidad de la ley 27.426 y rechaza el pedido de inconstitucionalidad de la ley 27.426. Se ordena además a la ANSES integrar el beneficio del actor desde diciembre de 2020, en la diferencia correspondiente, y se impone costas a la demandada.