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RETAMAL, MIRTA HAYDEE c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

La Cámara Federal de Bahía Blanca revoca parcialmente la sentencia de primera instancia, declara la inconstitucionalidad del decreto 807/16 y del art. 1 de la ley 27.609 desde 2022, ordena la actualización de haberes en base a fórmula combinada por IPC y RIPTE, y confirma las reglas de costas.

Inconstitucionalidad Ipc Garantias constitucionales Derechos sociales Control judicial Actualizacion de haberes Ripte Movilidad previsional Seguridad social. Formula combinada

¿Qué se resolvió en el fallo?


- La actora, beneficiaria previsional desde el 01/05/2018 bajo la ley 24.241, impugna la constitucionalidad del decreto 807/16, la ley 27.609 y el sistema de movilidad aplicado.
- El tribunal declara la inconstitucionalidad del decreto 807/16 y del art. 1 de la ley 27.609 desde 2022, ordena la actualización de los haberes en forma trimestral con fórmula combinada por IPC y RIPTE, y mantiene la validez de las normas que fijaron la movilidad hasta 2021.
- Se destaca que la fórmula de movilidad adoptada por la ley 27.609, basada en indicadores económicos, resultó desproporcionada y tuvo un impacto negativo en el poder adquisitivo, por lo cual su constitucionalidad fue cuestionada.
- La Cámara sostiene que la normativa legislativa, aunque sea de competencia del Congreso, debe respetar la garantía constitucional de movilidad, y que las fórmulas deben ser razonables y proporcionales. La fórmula en cuestión, que resultó en depreciación de los haberes, viola dicha garantía, por lo que se declara su inconstitucionalidad desde 2022.
- Además, se ordena que la actualización de los haberes se realice mediante la fórmula propuesta por la Cámara, que combina en partes iguales IPC y RIPTE, desde marzo de 2022 hasta marzo de 2024, descontando las sumas ya abonadas por refuerzos o bonos.
- Se rechazan los agravios sobre el diferimiento de topes máximos y se confirma la imposición de costas.
- La decisión se basa en el control de constitucionalidad del sistema de movilidad, que debe garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo sin violar derechos constitucionales y convencionales.

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