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SUSPERREGUI, MABEL NOEMI c/ ANSES s/REAJUSTES POR MOVILIDAD

La Cámara Federal de Bahía Blanca modificó la sentencia en reclamos de reajustes previsionales, ordenando la actualización de haberes y declarando la inconstitucionalidad de leyes y artículos vinculados a la fórmula de movilidad, debido a su impacto confiscatorio y desactualización respecto de los índices inflacionarios y de salario.

Movilidad previsional Inconstitucionalidad Formula de actualizacion Indices economicos Perdida del poder adquisitivo Ley 27.609 Ley 27.426 Reparacion retroactiva Principios constitucionales Control judicial

Actor: Mabel Susperregui Demandado: ANSeS Objeto: Reajuste del haber previsional, declaración de inconstitucionalidad de leyes y actualización de los haberes.
- Qué se resolvió: Se modificó la sentencia de primera instancia, ordenando a la Administración integrar retroactivamente el haber de diciembre 2020 con la diferencia que correspondería según la ley 27.426, y declarando la inconstitucionalidad del art. 1 de la ley 27.609 desde 2022. Además, se dispuso actualizar los haberes trimestralmente en base a una fórmula combinada de IPC y RIPTE, y se rechazaron otros agravios relativos a la constitucionalidad de leyes y artículos específicos por considerar que las fórmulas adoptadas no violan la Constitución ni generan perjuicios confiscatorios. Fundamentos: La Cámara analizó el alcance del derecho a la movilidad previsional, recordando que su implementación requiere fórmulas concretas dictadas por el legislador, que deben ser razonables y no confiscatorias. Se consideró que las fórmulas vigentes, en particular la ley 27.609, generaron pérdida del poder adquisitivo, y que la fórmula basada en índices inflacionarios y salarios, si bien fue válida en su momento, se tornó inapropiada ante la pérdida de relación con la realidad económica. La Corte Suprema ha sostenido que la movilidad es una obligación del Legislativo y que la justicia debe revisar la razonabilidad de las fórmulas, sin reemplazar la voluntad legislativa. La fórmula actual, que combina IPC y RIPTE, fue considerada como la opción más razonable para mantener la proporcionalidad y evitar efectos confiscatorios. La declaración de inconstitucionalidad del art. 1 de la ley 27.609 fue justificada por su impacto negativo en los haberes desde 2022 en adelante, y la modificación en la fórmula de actualización responde a la necesidad de mantener la movilidad y la protección del derecho constitucional.

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