RUIZ NAVARRO, ABELARDO IVAN c/ ANSES s/IMPUGNACION de ACTO ADMINISTRATIVO

- Quien demanda (Actor): Abelardo Iván Ruiz Navarro, beneficiario de beneficio previsional. Demandado: ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social). Objeto: Reclamación de actualización del haber previsional y reconocimiento de la inconstitucionalidad de la fórmula de movilidad establecida por la ley 27.609.

¿Qué se resolvió?

La Cámara hizo lugar a la demanda, declaró la inconstitucionalidad del art. 1 de la ley 27.609 a partir de 2022, y ordenó la actualización trimestral de los haberes con una fórmula que combina variaciones del IPC y RIPTE, en lugar de la fórmula impugnada. También ordenó integrar el haber de diciembre de 2020 con la diferencia que habría correspondido por la ley 27.426, y rechazó el pedido de inconstitucionalidad de la ley 27.426. Además, confirmó la imposición de costas a la demandada vencida.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

El tribunal analizó la evolución del sistema de movilidad previsional en Argentina, resaltando que la Constitución Nacional establece la garantía de movilidad en el art. 14 bis, y que corresponde al legislador fijar las fórmulas concretas para su implementación. La jurisprudencia constitucional ha sostenido que la movilidad es una garantía programática que requiere que las fórmulas sean razonables y proporcionales, y que la judicialización debe limitarse a controlar la razonabilidad, sin reemplazar la voluntad del legislador. Se constató que la fórmula establecida por la art. 1 de la ley 27.609, aplicada desde 2022, provocó una pérdida significativa del poder adquisitivo (hasta un 49% en relación al IPC y un 33,7% respecto al RIPTE), por lo que se consideró inconstitucional. La Cámara propuso, en reemplazo, una fórmula que combine en partes iguales las variaciones del IPC y RIPTE, con actualizaciones trimestrales, para reflejar mejor la realidad económica y evitar regresividad. Se destacó que las medidas adoptadas por el Estado, como bonos y refuerzos, no compensaron adecuadamente los daños y afectaron principios constitucionales y de igualdad. La decisión se fundamenta en la jurisprudencia de la CSJN y en la necesidad de garantizar la progresividad y la protección del derecho a la movilidad.