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MULLER, LILIANA VIRGINIA c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

La Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó la inconstitucionalidad del art. 1 de la ley 27.609 y modificó la sentencia de primera instancia, estableciendo un nuevo método de actualización de haberes previsionales basado en índices combinados, y ordenó la redeterminación del haber inicial y la liquidación del reajuste.

Recurso de apelacion Derecho previsional Sentencia confirmada Actualizacion de haberes Derechos de los adultos mayores Movilidad de jubilaciones Ripte) Inconstitucionalidad leyes 27.609 y 27.541 Indices economicos (ipc Garantias constitucionales (art. 14 bis Propiedad) Control judicial de la legislacion previsional


¿Quién es el actor?

Liliana Virginia Muller (beneficiaria previsional).

¿A quién se demanda?

ANSES.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reajuste y actualización del haber previsional, inclusión de aportes autónomos, y declaración de inconstitucionalidad de ciertas leyes y artículos.

¿Qué se resolvió?

La Cámara hizo lugar a la apelación de la parte actora y modificó la sentencia de primera instancia, declarando la inconstitucionalidad del art. 1 de la ley 27.609 desde 2022, y estableció un nuevo método de actualización basado en índices combinados (50% IPC y 50% RIPTE), con actualización trimestral desde marzo de 2022 hasta marzo de 2024, además de ordenar la liquidación del haber inicial y las diferencias retroactivas. También confirmó la inconstitucionalidad del art. 82 c de la ley 20.628 y del art. 3 del DNU 157/2018.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La jurisprudencia de la CSJN y el análisis constitucional concluyen que la ley 27.609 resulta inconstitucional por afectar derechos fundamentales, como la movilidad y la propiedad, y por presentar un desfasaje progresivo con los índices económicos y de inflación, generando pérdida del poder adquisitivo. Se argumenta que la facultad del Congreso de regular la movilidad debe ejercerse dentro de límites razonables y proporcionales, respetando los derechos constitucionales y tratados internacionales, lo cual no ocurrió con la fórmula aplicada por esa ley. La sentencia también destaca que la fórmula de actualización debe reflejar mejor la realidad económica y evitar regresividad, proponiendo una solución de índices combinados.

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