GOMEZ CACERES CERLINA Y OTROS c/ EN-PJN-M° JUSTICIA Y/O Y OTRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia que rechazó la demanda por daños y perjuicios derivados de allanamiento policial, argumentando la legalidad del procedimiento y la inexistencia de responsabilidad del Estado.
- Quién demanda: Cerlina Gómez Cáceres, Rosana Belén Trigo y Miguel Ángel Trigo.
¿A quién se demanda?
Estado Nacional – Poder Judicial de la Nación – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y la Gendarmería Nacional en calidad de terceros involucrados en la actuación policial.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Responsabilidad por daños físicos, morales y materiales ocasionados durante un allanamiento policial, incluyendo maltrato, destrucción de bienes y violencia policial, además de gastos por reparación de daños en la propiedad.
¿Qué se resolvió?
La Cámara confirmó la legalidad del allanamiento y la actuación judicial, desestimando las alegaciones de negligencia policial y abuso, y rechazando las reclamaciones resarcitorias.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
La orden de allanamiento fue emitida en base a una investigación compleja y fundamentada en la causa penal, con suficientes indicios de la posible participación del investigado Villasanti Ruiz en actividades delictivas.
La medida fue adoptada conforme a los requisitos procesales y constitucionales, y la fundamentación del juez penal fue adecuada, respondiendo a una sospecha fundada basada en la labor investigativa.
La responsabilidad del Estado por sus actividades judiciales no puede imputarse si los actos judiciales son realizados conforme a la ley y fundamentados, y no se acreditan irregularidades o arbitrariedades en la emisión o ejecución de la orden.
La alegación de brutalidad policial durante el procedimiento no fue probada con hechos concretos, y la firma del acta por los testigos obrantes en la causa penal presume la regularidad del procedimiento.
La litigante no acreditó que la actuación policial haya sido negligente o abusiva, ni presentó prueba suficiente para invalidar la orden judicial o demostrar que el allanamiento fue arbitrario.
La responsabilidad del Estado por daños derivados de actos judiciales requiere declaración de ilegitimidad del acto, lo cual no ocurrió en este caso.
- Las costas del proceso fueron impuestas a la parte actora vencida, en atención a la naturaleza de la sentencia y la postura procesal adoptada.
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