PEREIRA AMANCIO RUBEN C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/DAÑOS Y PERJUICIOS
La sentencia condena al Fisco de la Provincia de Buenos Aires a pagar una indemnización de $23.336.405,82 por incapacidad laboral derivada de enfermedad profesional, confirmando la decisión de primera instancia y fundamentando la aplicación del régimen legal vigente y la responsabilidad del empleador.
¿Qué se resolvió en el fallo?
El actor, Pereira Amancio Rubén, demanda al Fisco de la Provincia de Buenos Aires reclamando una indemnización por incapacidad laboral producida por enfermedades profesionales relacionadas con su trabajo como soldador en el Astillero Río Santiago. La sentencia establece que, tras valorar las pruebas médicas, testimoniales y documentales, se acreditó la relación causal entre las tareas laborales y la hipoacusia, determinando una incapacidad efectiva del 13,40% y, tras aplicar la fórmula de capacidad restante, una incapacidad total del 17,41%. La cuantificación del monto indemnizatorio, ajustada por el índice RIPTE y la normativa vigente, resultó en $23.336.405,82, suma que debe ser depositada en el plazo de 60 días. La sentencia también rechaza la pretensión de daños civiles por daño moral y daño a la integridad psicofísica, por carecer de causa jurídica fundante, y confirma la constitucionalidad y aplicación del Decreto 669/19 en la actualización de prestaciones. La decisión sostiene que la responsabilidad del empleador es objetiva y que la prueba acreditó la relación entre las condiciones laborales y las patologías del actor. La sentencia además fija los intereses al 1% anual desde la fecha de exigibilidad y las costas a la demandada. Fundamentos principales: "La prueba pericial concluye que el actor presenta una hipoacusia perceptiva bilateral compatible con trauma acústico, en relación directa con el ambiente y tareas desempeñadas como soldador en el Astillero." Además, se aplicó la fórmula de capacidad restante por preexistencias y se consideró la normativa vigente, incluyendo el Decreto 669/19, para calcular la indemnización. La sentencia afirma la autoridad de la Ley 24.557 y su modificación por el decreto mencionado, y rechaza las alegaciones de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, sustentando su validez y vigencia.
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