GARAY ROBERTO HUGO C/ NACURA RICARDO MOISES Y OTROS S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA

¿Qué se resolvió en el fallo?

Quién demanda: Roberto Hugo Garay A quién demanda: Nacura Ricardo Moisés y Agustina Isabella Ríos Mardones Objeto de la demanda: Declaración de prescripción adquisitiva larga (usucapión) a favor del actor respecto de un inmueble Decisión del tribunal: La Cámara rechazó el recurso de apelación interpuesto por Agustina Isabella Ríos Mardones y confirmó la sentencia de primera instancia que: (i) declaró prescripto el dominio del bien en favor del actor; (ii) impuso costas comunes por mitades. Fundamentos principales de la decisión: "Al respecto cabe señalar que las mismas se originan en razón de los gastos ocasionados por la prueba pericial caligráfica propuesta por el actor sobre la firma del señor Ríos en el boleto de compraventa del inmueble. Así, el artículo 476 del Código Procesal, admite la posibilidad de que la parte contraria a la oferente del peritaje, que manifestare en la oportunidad precisa del artículo 458, carecer de interés en su realización, se libere del pago de los gastos y honorarios periciales cuando, además, se abstuviere por ese motivo de participar en ella, y en definitiva la peritación no hubiere sido necesaria para la solución de la litis." "En la especie, no sólo no ha existido oposición real de la codemandada a la producción de la prueba pericial, sino que además su realización es consecuencia directa del desconocimiento hecho por la señora Ríos Mardones a la firma de su padre plasmada en el boleto de compraventa." "Asimismo, debo resaltar que el resultado que arrojó la pericia caligráfica ha beneficiado a ambas partes en litigio, puesto que hizo que por un lado con posterioridad la codemandada desistiera de las objeciones respecto de la pretensión del actor y del derecho que a este le asiste y por el otro, el señor Garay obtuvo la adquisición del inmueble identificado. En función de lo expuesto estimo que dichos gastos deben soportarlos por mitades." La Cámara rechazó el argumento de la apelante de que no ofreció pruebas y que, por lo tanto, las costas debían ser soportadas íntegramente por el actor. El tribunal consideró que la codemandada no solo no se opuso a la pericia caligráfica sino que fue su propio desconocimiento de la firma lo que hizo necesaria la prueba, y que además la pericia benefició a ambas partes al permitir que la codemandada desistiera de sus objeciones y que el actor obtuviera la adquisición del inmueble.