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C. SA C/ R. M. A. S/ COBRO EJECUTIVO

La Cámara Primera de Apelación confirmó la resolución de primera instancia que rechazó la inconstitucionalidad del artículo 7 de la Ley 23.928 y confirmó la orden de ejecución por $563.558,17 más intereses, considerando que la tasa aplicada y la inflación no evidencian desproporción o gravedad que justifiquen la inconstitucionalidad invocada.

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El actor, C. SA, continúa con la ejecución por el capital reclamado de $563.558,17 más intereses desde la mora, con base en un pagaré fechado el 22/12/23 y vencido el 22/1/24. La resolución impugnada rechazó el pedido de inconstitucionalidad del art. 7 de la Ley 23.928, considerando que los datos inflacionarios y la tasa aplicada no evidencian una desproporción que justifique la declaración de inconstitucionalidad. La Cámara sostuvo que la inflación interanual en febrero de 2025 fue del 66,9 %, y que los intereses y el tiempo transcurrido no configuran una irracionalidad o desproporción que perjudique al acreedor. La recurrente no logró demostrar los argumentos relativos a la inflación y el tiempo de cobro, por lo que la Cámara confirmó la resolución de primera instancia, imponiendo las costas a la parte vencida. Fundamentos principales: "Lo decidido en torno al pedido de declaración de inconstitucionalidad del art. 7 de la Ley 23.928 no encuentra sustento en la evidencia aportada, pues los índices inflacionarios y la tasa aplicada permiten una razonable recomposición del capital." "El caso bajo análisis reúne particularidades que resultan trascendentes, como la fecha de creación de la obligación y los elementos económicos y de inflación que la afectan, sin que se configure una irracionalidad o desproporción que justifique la inconstitucionalidad." "El tribunal considera que la inflación interanual a febrero de 2025 fue del 66,9 %, y que los intereses en la cartular ejecutada ofrecen una cierta recomposición del capital, sin que exista gravedad suficiente para anular la norma impugnada."

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