OLIVA ROBERTO CARLOS C/ ATM COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES

El actor, Roberto Carlos Oliva, demandó a ATM Compañía de Seguros S.A. por incumplimiento contractual en la cobertura de un robo de motocicleta, reclamando daños y perjuicios, daño moral, daño punitivo y intereses. La sentencia de primera instancia condenó a la aseguradora a pagar $220.000, rechazó el daño moral y el daño punitivo, y fijó intereses desde el 01/09/2023. La Cámara revocó esa decisión, actualizó la indemnización por daño emergente a $760.170,28 considerando actualización monetaria por la doctrina "Barrios", y fijó en $300.000 el daño punitivo, además de modificar la fecha de mora a 23/11/2022, en línea con la mediación prejudicial y la normativa aplicable. Asimismo, declaró la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, y dispuso que los intereses sobre el daño emergente se calculen con tasa del 6% anual desde la mora hasta la fecha del dictamen pericial y luego con IPC, más esa tasa, hasta el pago efectivo. Los intereses sobre el daño punitivo se liquidarán con la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires, a partir de su incumplimiento. La Cámara confirmó en todo lo demás la sentencia de primera instancia, incluyendo las costas a cargo del demandado. FUNDAMENTOS PRINCIPALES: La Cámara consideró que la relación de consumo entre las partes requiere aplicar la normativa protectoria del consumidor. En cuanto a la actualización de daños, se fundamentó en la doctrina "Barrios" y en la inconstitucionalidad sobreviniente del art. 7 de la ley 23.928, que impedía la actualización monetaria. Por ello, se corrigieron los montos indemnizatorios, aplicando tasas de interés y mecanismos de actualización adecuados que consideran la inflación y la naturaleza del daño. Además, se declaró la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, permitiendo la actualización de las sumas indemnizatorias en línea con la jurisprudencia provincial. La sentencia también aborda la procedencia del daño punitivo, fundamentando su fijación en los incumplimientos del contrato de seguro que afectan derechos del consumidor, y en la normativa de protección del consumidor, especialmente la Ley 24.240. La decisión de la Cámara se sustenta en la protección de los derechos del consumidor y en la necesidad de evitar enriquecimiento sin causa, además de respetar los