LOPEZ RICHERO CARLOS JULIO DANIEL C/ FERNANDEZ AVENDAÑO ALFREDO S/ COBRO EJECUTIVO
La Cámara de Apelaciones confirmó la resolución que rechazó la inconstitucionalidad del artículo 7 de la ley 23.928 en un proceso de cobro ejecutivo. El tribunal sostuvo que el planteo de inconstitucionalidad fue extemporáneo e insuficiente, y que la declaración de invalidez requiere un análisis concreto de las variables económicas y de la afectación a derechos constitucionales.
¿Qué se resolvió en el fallo?
El actor, Carlos Julio Daniel López Richero, demanda al ejecutado Alfredo Fernández Avendaño en un proceso de cobro ejecutivo. La parte actora cuestiona la constitucionalidad del artículo 7 de la ley 23.928, que prohíbe la actualización de obligaciones dinerarias, argumentando que viola derechos constitucionales de propiedad y de igualdad. La resolución de primera instancia desestimó dicho planteo por considerarlo extemporáneo y carente de fundamentos concretos. La Cámara de Apelaciones, tras analizar el contexto y las exigencias constitucionales y jurisprudenciales, confirmó la decisión, señalando que el planteo fue presentado fuera de tiempo y sin la fundamentación suficiente para justificar una declaración de inconstitucionalidad. Los jueces destacaron que la declaración de inconstitucionalidad requiere un análisis específico de las variables económicas y del impacto en los derechos constitucionales, lo cual no fue evidenciado en el caso. Además, rechazaron el pedido de costas de la parte actora, confirmando que la conducta procesal no implicaba un perjuicio suficiente para modificar la asignación de costas.
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