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SATUF GUSTAVO ALBERTO C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES - MINISTERIO DE SEGURIDAD S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - PREVISION

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia en cuanto a la condena al pago de licencias anuales no usufructuadas, modificando la limitación temporal de la prescripción y manteniendo la condena en los demás aspectos. La decisión se fundamenta en la normativa constitucional y convencional que protege el derecho a vacaciones, así como en precedentes jurisprudenciales.

Indemnizacion Actualizacion de montos Inconstitucionalidad Jurisprudencia Derechos constitucionales Prescripcion bianual Derecho laboral publico Recursos de apelacion. Licencias anuales Normativa policial

¿Qué se resolvió en el fallo?

El actor, Gustavo Alberto Satuf, demanda a la Provincia de Buenos Aires – Ministerio de Seguridad, reclamando la indemnización por las licencias anuales no usufructuadas (LANU) durante su actividad policial, por considerar que el pago realizado fue parcial y no cubre todos los días pendientes. La sentencia de grado reconoció su derecho y condenó a la demandada a abonar las sumas correspondientes, estableciendo un plazo de 60 días para el pago y aplicando intereses del 6% anual desde el cese, además de fijar la prescripción en dos años para los períodos reclamados. La parte demandada interpuso apelación, cuestionando la valoración probatoria, la actualización de los montos, la aplicación del plazo prescriptivo y la validez de la normativa aplicada, además de cuestionar la jurisprudencia en materia de indexación de deudas públicas. El tribunal de segunda instancia, tras analizar los argumentos, rechazó en parte la apelación fiscal y confirmó la condena, haciendo lugar a la apelación del actor en cuanto a la extensión del período prescriptivo, y sostuvo que los derechos a las LANU no caducaron y que la normativa constitucional y convencional protegen dicho derecho. La Sala también destacó que la valoración de la prueba fue adecuada y que la normativa aplicable respeta los principios constitucionales y jurisprudenciales, rechazando los agravios relativos a la indexación y prescripción, y modificando la limitación temporal en la liquidación.

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