ASOCIACION DE TRABAJADORES DEL ESTADO (ATE) Y OTROS CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE INCIDENTE DE APELACION - MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA
La Cámara de Apelaciones confirmó la resolución que dispuso la conformación de una mesa de articulación institucional en el marco de la causa por medida cautelar autónoma, rechazando los recursos del GCBA y ART; consideró que la MAI es un espacio de diálogo y colaboración sin afectar funciones del Poder Ejecutivo ni vulnerar derechos procesales.
En el caso, corresponde rechazar los agravios expuestos por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa de aseguradora de riesgos del trabajo y, confirmar la resolución de grado que dispuso la conformación de una Mesa de Articulación Institucional entre las partes mientras persistan las circunstancias impuestas por el Covid-19, tendiente a la mejor implementación de medidas en el contexto de la pandemia que atiendan la realidad de los dispositivos propios o conveniados de la Administración en los que se alojan niños, niñas y adolescentes. En efecto, no se advierte que lo decidido en torno a la conformación de la Mesa de Articulación Institucional posea un alcance tal que pueda llevar a comprometer el ejercicio de las funciones que, de acuerdo a la normativa vigente, corresponderían a los recurrentes. Al momento de decidir la conformación de Mesa, la Jueza de grado hizo hincapié en la necesidad de conformar un espacio institucional de interlocución entre las partes, los gestores de las áreas gubernamentales implicadas y otros protagonistas institucionales, con el objetivo de contribuir y ser escuchados a los fines de la mejor implementación de medidas tanto generales o particularizadas en el contexto de la pandemia. Y La Mesa de Articulación Institucional fue conceptualizada como un espacio de interlocución e intercambio de información, tendiente a lograr la mejor implementación de medidas en el contexto de la pandemia y, como tal, no podría "per se" modificar la naturaleza de las funciones que la normativa vigente ha puesto a cargo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como autoridad sanitaria y de la empresa aseguradora de riesgos del trabajo.
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