Entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre se realizó una visita in situ como parte de la Evaluación de Fase 4 sobre las acciones que ha tomado Argentina para cumplir con la Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, ratificada por la Ley 25.319. La Corte participó a través de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, liderada por Juan Tomás Rodríguez Ponte.
Durante varios paneles, jueces de diferentes niveles del fuero federal compartieron su trabajo continuo y el compromiso adquirido en este proceso. Entre los presentes se encontraban Diego Barroetaveña, Roberto Boico, Karina Perilli, Sabrina Namer, Ariel Lijo, Sebastián Casanello, Sebastián Ramos, Marcelo Martínez De Giorgi, Julián Ercolini y Santiago Inchausti.
En el contexto de la visita, el Consejo de la Magistratura, representado por su vicepresidenta Agustina Díaz Cordero, el consejero Sebastián Amerio y el secretario general Mariano Pérez Roller, participó el 1° de octubre en un panel titulado “Consejo Judicial”. Durante este panel se discutieron, según las solicitudes de los evaluadores, temas como la composición del Consejo de la Judicatura, los procesos de nombramiento de jueces, la cobertura de vacantes y jueces subrogantes, el régimen disciplinario judicial, las reformas del Consejo de la Judicatura y la capacitación proporcionada por la Escuela Judicial en áreas como soborno transnacional, lavado de activos y ética judicial.
La implicación de las autoridades judiciales en la organización y consolidación de la información del Poder Judicial de la Nación contribuyó a enriquecer y fortalecer las respuestas del Estado nacional en relación al juzgamiento de estos delitos, evidenciando el compromiso con los objetivos de la Convención.
Esta evaluación permitió seguir el progreso y determinar cómo el país previene, detecta, investiga, procesa, juzga y sanciona el soborno transnacional y delitos relacionados, a través de un proceso por fases que refleja los logros alcanzados y los retos que aún persisten.
La visita, parte del mecanismo de seguimiento del Grupo de Trabajo sobre Soborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) para supervisar la implementación de la Convención, incluyó una agenda de entrevistas con los actores del sistema involucrados, con el objetivo de entender cómo detectan, previenen y sancionan estos delitos, qué herramientas utilizan y qué desafíos enfrentan. Las reuniones se llevaron a cabo en la Dirección General de Consejería Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, con México y Eslovaquia como países evaluadores.